LOS SERVICIOS BASICOS
Por: Carlos Pérez Alvarado

Como es habitual cada invierno vuelven los temporales de lluvia en la zona central de Chile, donde vive casi el 80% de su población, interrumpiendo esta vez la conectividad del país en el puente Teno, región del Maule, lo que generó tacos de más de 30 Kms. de vehículos de carga y pasajeros. Mientras tanto en Aysén tuvimos que soportar una de las nevadas más intensas que se recuerden en los últimos años. Las consecuencias de estas catástrofes, que en esta oportunidad parecen haberse ensañado, son –como siempre- caminos cortados y servicios básicos interrumpidos por todas partes y, como de costumbre, arrecian las críticas a la poca asistencia o atención a los pesares de la comunidad afectada.

Sin embargo, en medio de estos cruces de acusaciones y denuncias, existen otros cuestionamientos no menos importantes que brillan por su ausencia. Uno de ellos dice relación con la escasez absoluta de críticas a la condición de privados que tienen varios servicios básicos directamente involucrados en estas emergencias. Entre otros se cuenta el caso del agua potable (y alcantarillado); En Santiago la antigua empresa Emos, que era estatal, ahora es controlada por una compañía llamada Aguas Andinas, así como en Aysén es Aguas Patagonia, en Concepción Essbío, en Atacama Essat, etc., las que ahora controlan un “negocio” y no precisamente un “servicio” básico. Hace unos días gran parte de la Región Metropolitana se quedó sin el vital elemento, algo comprensible debido a las dimensiones de la emergencia climática, pero nada justifica que los más afectados se encontrasen en las comunas más pobres de la capital, donde estas compañías no ponen el mismo énfasis en desarrollar obras de mejoramiento o ampliación de sus instalaciones que en las más ricas, al oriente de la capital. El Gobierno ha reconocido además que esa empresa no está obligada a descontar los días en que no prestó ese servicio y no he sabido de nadie que promueva multarla por los daños que provoca desatender necesidades tan urgentes de la gente.

Otro caso son los caminos y carreteras. La ruta 5, o doble vía entre la Serena y Puerto Montt, mediante otro proceso privatizador en el cual la ciudadanía tuvo nula participación, también es controlado por empresas, casi todas extranjeras, las cuales –es cierto- mejoraron enormemente la infraestructura vial del país (paradigma y motivo de orgullo para los partidarios de este modelo de economía) pero con la condición de recibir -con creces- las retribuciones correspondientes mediante el cobro de peajes hasta por 30 años (y renovables) a los conductores. Además, aunque no se diga explícitamente, esos contratos con las concesionarias consideran que el Estado no promueva la habilitación de alternativas a esas rutas concesionadas y a la gente no le queda otra opción que pagar, por ejemplo, hasta 14 peajes solo entre Santiago y Puerto Montt. A pesar de ello, la caída del puente Teno significó que el MOP, organismo estatal, tuviera que habilitar urgentemente varios puentes mecanos para salvar la situación, apoyar a esas empresas y, de paso, acallar las posibles críticas a las transnacionales de las carreteras.

Pues bien, privatizar los servicios sanitarios resultaría inaudito en casi todos los países del mundo (incluso en algunos el agua es gratis) y en varios de Latinoamérica, a pesar de numerosos intentos, la mayoría se ha negado a acometer un paso tan neoliberal como éste. En Chile, en cambio, la enajenación de las empresas públicas de servicios sanitarios se efectuó en tiempos de Eduardo Frei y concluyó en los de Ricardo Lagos sin que apenas nos enterásemos. Inclusive el proceso llegó todavía más lejos y (caso único en el mundo), se privatizaron también los derechos de aprovechamientos de las aguas (80% en poder de Endesa España).

En esos mismos países, aunque existen carreteras privadas, el Estado provee las necesarias vías alternativas y jamás ocurriría que un conductor tenga que recorrer unos 170 kilómetros extras para llegar desde Curicó a Talca, como ocurrió en esta ocasión. Esto solo reafirma que las actuales políticas económicas privilegian las actividades de los privados y no es raro que el gobierno y los medios de comunicación interesados jamás cuestionen la privatización de prácticamente todos los servicios básicos en nuestro país, entre ellos el transporte público, las telecomunicaciones, la salud, la educación, la energía, etc.

De esta forma, la gente de La Junta en lugar de exigirle al Estado que cumpla su rol social y solucione el problema de los cortes de energía que ellos tuvieron por 10 días, tiene que acudir a la empresa Edelaysén con sus justificados reclamos. Las autoridades, como siempre, responderán con su acostumbrada frase; se trata de un “problema entre privados” y sencillamente se lava las manos. Eso no sucede en ningún país verdaderamente desarrollado.

Radio Santa María, 30.05.08