LAS TARIFAS DE LA INJUSTICIA
Por: Carlos Pérez Alvarado

Gracias al polémico plan de transporte público, conocido como Transantiago, los capitalitos tienen asegurado el precio del pasaje de la locomoción colectiva por lo menos durante todo el año 2008. Los millones de chilenas y chilenos que se desplazan hasta sus lugares de trabajo o estudio ya están hartos de las molestias que esta fallida idea les ha causado a su diario vivir por lo que, –obviamente- no soportarían que más encima les aumenten las tarifas. Además, una medida tan impopular como esa influiría fuertemente en la opinión de esa gran cantidad de gente, justo antes de las elecciones municipales de octubre, por lo que es necesario evitarla de cualquier forma.

Hay estudios que indican que el verdadero precio que tendrían que pagar por el pasaje es casi el doble, especialmente aumentados por los efectos del alza en el precio en los combustibles. Así que, en la práctica, los recursos que demanda el gobierno para financiar el Transantiago están destinados a solventar la diferencia entre el precio actual y el costo real del servicio, aunque es en el Parlamento donde decide si se financia o no el sistema. Se pretende –al menos- evitar que falle definitivamente ya que ese escenario podría tener consecuencias aún peores, para todos, no sólo para los capitalinos. Luego de aprobados, los dineros van a parar a las manos de los empresarios dueños de esos buses “cuncuna” que se ven en TV, cubriendo así sus gastos de operación y asegurándose una cantidad suficiente como parte de las legítimas ganancias que se merecen por el esfuerzo de movilizar a la población.

En suma, el Transantiago es un sistema de transporte público para la capital, operado por los privados pero que requiere ser fuertemente subvencionado por Estado, es decir, con los recursos obtenidos de los impuestos recaudados a lo largo de todo Chile. La discusión acerca de si esta fórmula es sustentable o no en el tiempo la monopolizan las autoridades del gobierno y la oposición, cada uno con sus propios argumentos, sin embargo entre ellos jamás se ha planteado la más remota posibilidad de “estatizar” (en parte o totalmente) el servicio. Como muchos otros, el transporte colectivo ha sido confiado enteramente a los privados pero en estos tiempos, desde Ministros a Diputados, no se acostumbra a cuestionar esa parte del asunto, manteniéndose arraigado como un dogma inalterable.

Me parece una monumental contradicción que la postura generalizada de estos señores ni siquiera se atreva a insinuar un proceso como este y cambiarlo por uno que permita que, en lugar de gastar enormes sumas de dinero en subvencionar a los privados, ésos recursos se ocupen en asegurarle a la gente más humilde un servicio eficiente y digno, autorizando el lucro de los inversionistas sólo donde objetivamente ello sea factible.

También sería saludable ver a los parlamentarios de la zona, unidos a los de otras regiones que sufren la misma discriminación, luchando y batallando para que esos arbitrarios beneficios que recibe la población de Santiago se extiendan también fuera de la Región Metropolitana puesto que es sencillamente inaceptable que en Coyhaique (y muy probablemente en varias otras ciudades del país) la locomoción colectiva puede subir de 300 a 400 pesos sin que a los mediáticos políticos les importe en absoluto y dejando en claro que en Chile el modelo económico vigente, y que busca incentivar la inversión de los privados en todos los ámbitos posibles, se aplique a destajo en la capital de la región Aysén pero en Santiago sólo puede seguir subsistiendo gracias a la plata de todos nosotros.

Radio Santa María, 05.07.08