PARECIERA SER QUE NO
Por: Carlos Pérez Alvarado

Durante las últimas semanas, la agenda informativa y la polémica se ha centrado en la acusación constitucional en contra de la (por ahora suspendida) Ministra de Educación Yasna Provoste. El problema es bien simple, como está plenamente demostrado; las denuncias por anomalías en esa cartera y que datan de gobiernos anteriores fueron oportunamente informadas por funcionarios de rangos medios, sin que varios Ministros (no sólo la Sra. Provoste) hayan hecho mucho por aclararlas. Se estableció que dineros destinados a subvenciones escolares, que alcanzan la suma de 262 mil millones de pesos (e.d. unos 600 millones de dólares), no se encuentran debidamente justificados. También sabemos que uno de los principales responsables en el control de la asignación de estos recursos públicos era el Seremi de educación de la RM quien tampoco hizo bien su trabajo. El Sr. Alejandro Traverso, después de una postergada investigación fue puesto en evidencia por la Contraloría de la República y su suerte quedó en manos de la cuestionada Ministra. El “castigo” que recibió de su parte fue la suspensión por 2 meses en el cargo.

Ahora bien, visto el problema desde el punto de vista político tenemos que partir advirtiendo que la Sra. Yasna Provoste es militante del Partido Demócrata Cristiano y el Sr. Traverso es del Partido por la Democracia, PPD, ambos partidos aliados en la Concertación pero con numerosos episodios de desencuentros en el último tiempo. Por supuesto, ambos nunca contarán con el apoyo de la derecha, la que parece particularmente obstinada en que esta acusación termine con la muerte política de Provoste, incluso amenazando con multar a los militantes de sus partidos que no asistieran a la votación en la Cámara, y que ganaron finalmente por 59 a 55 votos. Claramente la derecha pretende pasarle la cuenta al gobierno de Michelle Bachelet por todas las denuncias acumuladas desde hace mucho tiempo, incluyendo los escándalos de Chiledeportes, las irregularidades en EFE, los desvíos de dinero de programas de empleo a campañas políticas, los impresentables sobresueldos pagados a algunos subalternos, etc., además del fiasco que significó para la mayoría de población capitalina el Plan Transantiago. Todo esto, por mucho que lo intente, el gobierno no lo puede desconocer y en lugar de admitir aquellas faltas opta por asumir evidentes y cuestionables defensas corporativas en favor de sus funcionarios de confianza.

Como es habitual, la Concertación, en el gobierno o en el Parlamento, defiende con uñas y dientes a la cuestionada Ministra y reclama por la injusticia cometida en su contra, hablando de femicidio, de desigualdad ante la Ley, de racismo o del carácter inconstitucional de la iniciativa. Incluso se ha llegado a denunciar una supuesta vulneración del estado de derecho en su caso, sin embargo ese estado de derecho rige porque así lo ha aceptado la propia Concertación y –más aún- es al cual apela cuando intenta defenderse de las críticas que se le hacen desde otros sectores, incluyendo el de justicia y el medioambiente. Molestos y enfurecidos personeros se declaran víctimas del “desalojo” inventado por la oposición y de la “traición” cometida por algunos de sus correligionarios por apoyar o favorecer la acusación, como es el caso del representante local René Alinco.

Finalmente el Ministro vocero del Gobierno, Francisco Vidal, plantea que con esta acción "se rompe un clima de entendimiento político que los chilenos demandan” aunque una encuesta reciente (las mismas que –Alianza o la Concertación- aplauden cuando son le positivas pero que no comentan o desautorizan cuando le son negativas) dice que el 68,4% de la ciudadanía apoya esta acusación. La oposición sostiene que la responsabilidad por el desorden administrativo corresponde a la jefa máxima, es decir a la Ministra (sólo un escalón más abajo que la Presidenta) pero extrañamente ese argumento nunca lo aceptó en el caso de los detenidos desaparecidos, planteando siempre que la responsabilidad por los crímenes políticos no fue de los señores oficiales (menos de Pinochet) si no de los mandos medios que cometieron abusos por su cuenta, algo que se parece bastante a lo que los defensores de Yasna Provoste argumentan.

Realmente no veo ninguna utilidad de todo este embrollo para el desarrollo de nuestro país. De qué le sirve toda esta polémica a chilenas y chilenos que tenemos preocupaciones bastante más importantes en el plano económico o de desarrollo personal y me pregunto si autoridades y parlamentarios tienen conciencia de esa realidad palmaria. O viven en una burbuja desde donde no escuchan ni ven los problemas reales de la población.

Radio Santa María, 11.04.08