EL ESTADO DE DERECHO
Por: Carlos Pérez Alvarado

Cuando en el año 2004 el ex Ministro de Economía, Minería y Energía Jorge Rodríguez Grossi dijo que en “Aysén no vive nadie” no hubo dudas que esas palabras encerraban un abierto respaldo al mega proyecto Alumysa que pretendía construir una refinería de aluminio y tres grandes centrales hidroeléctricas cerca de Puerto Aysén. Aunque era miembro de la Conama y su jefe, el Presidente Lagos, jamás desautorizó sus dichos, esa postura generó unánime condena en un amplio sector de la opinión pública regional y nada le ocurrió al tri-ministro quien estaba apartándose abiertamente del Estado de Derecho imperante en Chile pues la idea de Noranda debía cumplir con un proceso que está estipulado en las leyes y que obliga a todos los proyectos de inversión someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el que Rodríguez Grossi tiene voz y voto pero está obligado a ser imparcial.

Si una autoridad designada y de confianza presidencial es capaz de emitir expresiones de este tipo cabe preguntarse qué sucede con los mandos medios. Ello a propósito de lo sucedido hace unos días cuando, nada menos que el Ministro del Interior, el Sr. Edmundo Pérez Yoma se atrevió a plantear que el Gobierno debe impulsar “con toda la energía posible” las centrales de Endesa-Colbún en Aysén. Recordemos que el Ministro del Interior es quien subroga a la Primera Autoridad cuando ella se encuentra fuera del país transformándose por algunos días en el Vicepresidente de la República y sus palabras –suponemos todos- se encuadran dentro las políticas de la administración de la Presidenta Bachelet. Todos los demás ministros, subsecretarios, directores nacionales, intendentes, seremis, Jefes de Departamentos, secretarias, deben cumplir con las órdenes superiores inspiradas en esas políticas públicas, definidas con anterioridad en sus programas de gobierno.

De esta menera, a partir de hoy algunos de esos funcionarios pueden sentirse libres de apoyar públicamente la materialización de las megarepresas. De hecho casi en los mismos términos ya se manifestó la Ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, y pueden venir más. Otros no querrán aparecer como contradiciendo lo que dice al jefe y habrá también cautela, como la expresada por la Intendenta de Aysén Sra. Silvia Moreno quien se desmarcó de los dichos de Pérez Yoma (su superior directo), planteando el recurrido discurso del “Estado de Derecho”, que se debe respetar y en el cual debemos confiar.

Sin embargo y a propósito de ello, mucho se le puede cuestionar al actual Estado de Derecho Sra. Intendenta; partiendo de la base que se sustenta en una Constitución política que nunca ha sido legitimada en un plebiscito, creada durante el régimen de Pinochet y modificada varias veces hasta el año 2005 en un acuerdo político de cúpulas que fue posteriormente ratificado en el Congreso sin la más mínima participación de la ciudadanía y sus organizaciones. Ese Estado de derecho ha permitido que se aprueben proyectos extremadamente polémicos y contaminantes como Pascua-Lama, Celco, las centrales térmicas de Renca y Huasco y –recientemente- una planta de gas propano en Peñalolén. Ese Estado de Derecho es el que no permite que las minorías tengan representación en el Parlamento gracias al inmodificado Sistema electoral binominal o aplica leyes cuestionadas por la comunidad internacional como la Ley antiterrorista a los presos mapuche. Finalmente, y para no extender esta lista, el actual Estado de Derecho que nos rige no ofrece ningún mecanismo que sirva para recuperar los derechos de agua, insólitamente en manos de empresas privadas extranjeras y favorece el traspaso de nuestros recursos naturales a la expoliación.

Ciertamente todos debemos acatar ese Estado de Derecho so riesgo de ir a parar a la cárcel si nos apartamos de esas u otras leyes, pero estoy cierto que en un verdadero Estado de Derecho los dichos del Ministro alcanzarían por lo menos para una acusación constitucional, tal como debió haber ocurrido en el caso de Rodríguez Grossi, por ejercer –desde el poder- una ilegítima libertad de no respetarlo, sin que nadie ponga orden en el intervencionismo desatado que estas autoridades designadas y provisionales cometen en favor de grupos económicos privados.

Radio Santa María, 15.02.08