EL CONVENIO 169
Por: Carlos Pérez Alvarado

De la misma forma en que prácticamente no hay noticias sobre los huelguistas de hambre mapuches en la cárcel de Angol, los que cumplieron más de 80 días con su dramática y extrema forma de movilización, tampoco está en el debate de nuestro país la postergada ratificación por parte del Congreso Nacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes”. Éste es el único instrumento internacional que les reconoce a las etnias originarias importantes derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales. Además de honrar sus prerrogativas a un autogobierno dentro de los Estados, a la propiedad sobre las tierras ocupadas ancestralmente y sobre los recursos naturales disponibles, introduce el concepto de “territorios indígenas”, que cubren la totalidad del hábitat de las regiones que estos pueblos “ocupan o utilizan de alguna manera” (Art. 13.2).

Chile es único país de Latinoamérica que no ha ratificado el Convenio 169 a pesar de haber sido enviado con ése propósito al parlamento en 1991, y aprobado en primera instancia legislativa por la Cámara de Diputados el año 2000. El trámite se ha empantanado debido a que fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por los parlamentarios de la Alianza por Chile, el que estableció quórum calificado para su ratificación, es decir se necesita la afirmativa de 22 de los 38 Senadores (4/7 de los votos).

Como parte de las negociaciones para alcanzar un difícil acuerdo el Gobierno y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado han planteado la suscripción de una “declaración interpretativa” (lo cual nunca ha sido aceptado por la OIT), que dice que el Convenio no puede modificar el régimen legal actual de expropiaciones de tierras indígenas ni limitar las actividades económicas que puedan desarrollarse en ellas. Es importante recalcar que todos los Estados que lo han firmado lo han hecho sin reservas por lo que solo corresponde; o ratificarlo o rechazarlo, pues no se trata de un documento flexible o adaptable a las diferentes realidades. Así, con esta inédita actitud, el Estado de Chile está dando claras muestras que privilegia y protege las actividades de las grandes empresas, en este caso forestales y generadoras de hidroelectricidad, por encima de un Convenio Internacional que debe estar –a su vez- por sobre las leyes de los países que lo subscriben.

Conocidos son los intereses de transnacionales como Mininco, Forestal Arauco o Endesa en la región de la Araucanía, y que chocan frontalmente con la legislación vigente, como es el caso de la Ley Eléctrica que tanta controversia ocasionó durante la construcción de la Central Ralco en el Alto Río Bío-Bío. En esa ocasión la firma española finalmente pudo eludir hábilmente la forma y el espíritu de esa Ley, sin embargo hoy se encuentra en la zona con una oposición feroz a su pretensión de repetir la experiencia con nuevas represas o con un tendido de torres de alta tensión -venidas desde Aysén- que puedan atravesar por sus tierras.

Resulta lamentable que para el gobierno y el Parlamento siga siendo más importante no “asustar” a los inversionistas extranjeros, reafirmar su política económica neoliberal (como ninguna otra en el continente), e intentar sortear o postergar la ratificación de un Convenio Internacional, en lugar de atender las demandas de los huelguistas, de todo el pueblo mapuche y las demás etnias originarias que existen en Chile. Peor aún, para detener la ola de protestas se envían más y más carabineros a la “zona de conflicto” donde ya ha se han registrado lamentables sucesos con consecuencias fatales que no pueden seguir ocurriendo, menos tapándose o mal informándose.

Radio Santa María, 11.01.08