EL CONVENIO 169
Por: Carlos Pérez Alvarado

De la misma forma en que prácticamente no hay noticias sobre los huelguistas de hambre mapuches en la cárcel de Angol, los que cumplieron más de 80 días con su dramática y extrema forma de movilización, tampoco está en el debate de nuestro país la postergada ratificación por parte del Congreso Nacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes”. Éste es el único instrumento internacional que les reconoce a las etnias originarias importantes derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales. Además de honrar sus prerrogativas a un autogobierno dentro de los Estados, a la propiedad sobre las tierras ocupadas ancestralmente y sobre los recursos naturales disponibles, introduce el concepto de “territorios indígenas”, que cubren la totalidad del hábitat de las regiones que estos pueblos “ocupan o utilizan de alguna manera” (Art. 13.2).

Chile es único país de Latinoamérica que no ha ratificado el Convenio 169 a pesar de haber sido enviado con ése propósito al parlamento en 1991, y aprobado en primera instancia legislativa por la Cámara de Diputados el año 2000. El trámite se ha empantanado debido a que fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por los parlamentarios de la Alianza por Chile, el que estableció quórum calificado para su ratificación, es decir se necesita la afirmativa de 22 de los 38 Senadores (4/7 de los votos).

Como parte de las negociaciones para alcanzar un difícil acuerdo el Gobierno y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado han planteado la suscripción de una “declaración interpretativa” (lo cual nunca ha sido aceptado por la OIT), que dice que el Convenio no puede modificar el régimen legal actual de expropiaciones de tierras indígenas ni limitar las actividades económicas que puedan desarrollarse en ellas. Es importante recalcar que todos los Estados que lo han firmado lo han hecho sin reservas por lo que solo corresponde; o ratificarlo o rechazarlo, pues no se trata de un documento flexible o adaptable a las diferentes realidades. Así, con esta inédita actitud, el Estado de Chile está dando claras muestras que privilegia y protege las actividades de las grandes empresas, en este caso forestales y generadoras de hidroelectricidad, por encima de un Convenio Internacional que debe estar –a su vez- por sobre las leyes de los países que lo subscriben.

Conocidos son los intereses de transnacionales como Mininco, Forestal Arauco o Endesa en la región de la Araucanía, y que chocan frontalmente con la legislación vigente, como es el caso de la Ley Eléctrica que tanta controversia ocasionó durante la construcción de la Central Ralco en el Alto Río Bío-Bío. En esa ocasión la firma española finalmente pudo eludir hábilmente la forma y el espíritu de esa Ley, sin embargo hoy se encuentra en la zona con una oposición feroz a su pretensión de repetir la experiencia con nuevas represas o con un tendido de torres de alta tensión -venidas desde Aysén- que puedan atravesar por sus tierras.

Resulta lamentable que para el gobierno y el Parlamento siga siendo más importante no “asustar” a los inversionistas extranjeros, reafirmar su política económica neoliberal (como ninguna otra en el continente), e intentar sortear o postergar la ratificación de un Convenio Internacional, en lugar de atender las demandas de los huelguistas, de todo el pueblo mapuche y las demás etnias originarias que existen en Chile. Peor aún, para detener la ola de protestas se envían más y más carabineros a la “zona de conflicto” donde ya ha se han registrado lamentables sucesos con consecuencias fatales que no pueden seguir ocurriendo, menos tapándose o mal informándose.

Radio Santa María, 11.01.08

DEFINICIONES NECESARIAS
Por: Carlos Pérez Alvarado

Entre los principales acontecimientos políticos del año que recién terminó, y que puede llegar a tener insospechadas repercusiones, está la expulsión del Partido Demócrata Cristiano del Senador Adolfo Zaldívar Larraín, representante de la 18va. Circunscripción de la Región de Aysén. De hecho, el bombardeo mediático que desplegó toda la prensa a propósito de la “extraordinaria” noticia, convertida en una preocupación nacional durante varios días, no fue menor.

Las causas que originaron la dura medida no se limitan solo a su voto en contra del financiamiento del Transantiago, como le ordenaba su partido, si no a una acumulación de polémicas conductas anteriores que permanecían muy bien apuntadas en su “hoja de vida”, entre ellas su notoria falta de compromiso y participación en las campañas presidenciales de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, luego que sus propias posturas en los procesos internos previos no obtuvieron el respaldo de la mayoría. Respecto de su voto en contra de esa calamidad llamada –todavía- Transantiago, creo que es perfectamente legítimo sostener que ese Plan debe ser enteramente reformulado antes de continuar consumiendo millonarias sumas de nuestros impuestos, los que más bien debieran gastarse en inversiones productivas y sociales y no en salvaguardar los intereses de los empresarios involucrados. Aunque esta visión fuese mayoritaria entre la gente, si hay una orden de partido, con esa lógica político-partidista absurda (por decir lo menos), no hay nada más que hacer.

En otro plano, mientras tuvo influencia al interior del partido, en especial cuando fue su presidente, el Senador Zaldívar consiguió colocar a varios funcionarios de su línea (o corriente) en diferentes cargos públicos, de diversa importancia. Hoy, muchos de ellos podrían tener sus cargos pendiendo de un hilo, sin que se escapen algunos en esta región. Se supone que pronto podrían “rodar cabezas” entre las autoridades militantes conocidos como “colorines”, que tienen una deuda de lealtad con él y siempre lo apoyaron. Cada día van quedando en evidencia los que siguen firmes junto a él y quienes prefieren desmarcarse por legítima convicción o por conveniencia acomodaticia. Más aún, no es extraño que en el resto de los partidos del conglomerado gobernante ya estén sacando sus propias cuentas ante este posible reordenamiento de las fuerzas. Dicho sea de paso, este tipo de maniobras, que no es patrimonio de la DC y que ya parece tradición, no es ninguna ofensa o crítica malintencionada a la actividad política; ya no es debate si esto está bien o está mal y sin una encuesta científica a la mano ni siquiera es posible saber si esto le molesta o no a la ciudadanía, sin embargo no sería extraño que la gente ya esté cansada de ésta y otras prácticas de la clase política en general.

Es posible que muy pronto veamos consecuencias concretas de esta expulsión, orquestada por la cúpula dirigente de la DC, particularmente en Aysén; de partida oficialmente ya no tenemos a ningún representante en el Senado que pertenezca a la coalición de Gobierno sino que a uno independiente y otro de oposición; Eso no es insignificante. Por sus recientes declaraciones queda claro que su actuar en el futuro es menos predecible y su poder de influencia se reduce –también- en el nivel local donde tampoco puede eludir las duras críticas que se le formulan por su falta de arraigo con la región que representa. Continúa siendo desconocida su postura respecto de los megaproyectos hidroeléctricos en Aysén y sus reiteradas críticas al modelo económico se basan en la idea de modificarlo (no cambiarlo completamente, como –él- asume que es la idea de la izquierda extraparlamentaria) pero sin explicar cómo se puede hacer eso sin imponerle normas más estrictas y razonables a las grandes empresas mineras, salmoneras, de telecomunicaciones o generadoras de energía. Su intención de crear un nuevo referente político es otro de sus anuncios, pero su discurso carece de la sustancia ideológica suficiente para convertirse en una alternativa real a lo que ya tenemos.

Tiempo para las necesarias definiciones del Senador Zaldívar.

Radio Santa María, 04.01.07