NAVARRO
Por: Carlos Pérez Alvarado

Uno de los sucesos que marcaron la movilización del pasado 29 de agosto fue el incidente ocurrido entre el Senador Alejandro Navarro y un oficial de Carabineros. Recordemos que las primeras informaciones mostraban al parlamentario sangrado de su cabeza luego de haber recibido un golpe con un bastón retráctil por parte de un funcionario que posteriormente fue identificado como el teniente Manuel Roco Zapata. Días después apareció un video en internet, grabado con celular, que (entrecortado) mostraba al parlamentario, minutos antes del hecho, gritando y dando empujones a un montón de policías fuertemente amurallados con cascos, bastones y escudos, lo que provocó un verdadero “vuelco” en el caso, pasando rápidamente Navarro de héroe a villano.

En primer lugar me parece bastante sospechoso que se intente igualar la gravedad de ambas reacciones o que se considere más grave la del Senador que la del carabinero. Un empujón, un insulto o una patada no se pueden comparar con un mazazo en la cabeza que requirió dos puntos en el cuero cabelludo del parlamentario, pero que pudo tener consecuencias mucho más graves como un traumatismo encefálico. Me imagino que no estaríamos hablando en los mismos términos si una desgracia como ésa hubiera ocurrido.

Seguidamente queda la impresión que, en general, los medios fueron fuertemente críticos con el congresista representante de la Región del Bío-Bío y las entrevistas en la radio y TV fueron notoriamente duras e inquisidoras. Para ponerle más leña al fuego, varios de sus colegas se sumaron a las críticas, especialmente desde la derechista Alianza por Chile, como la emitida por el senador Alberto Espina (RN) quien señaló que de ser efectiva la “agresión” al carabinero, el caso debe ser enviado a la fiscalía militar para que se investigue. El senador Andrés Chadwick (UDI), advirtió que de comprobarse los hechos, el ministro del Interior y la policía uniformada tienen el derecho a iniciar las acciones legales en su contra. Alberto Cardemil (RN) declaró que "las imágenes sindican a Navarro como incitador del desorden y la violencia" y estudia pedir al Tribunal Constitucional su inhabilidad. Más crítico todavía fue el senador de su propia coalición Jorge Pizarro (DC), quien calificó de "patético" el hecho agregando que las imágenes eran “vergonzosas”.

Pero sucede que en el último tiempo Alejandro Navarro ha logrado socializar una postura política distinta a la tradicional, sobre todo en el plano económico, criticando abiertamente el modelo neoliberal que rige en Chile y entendiéndolo como la causa basal de la desigualdad y los bajos sueldos. Para el así llamado “díscolo” Senador no se puede desconocer a estas alturas que favorecer la inversión extranjera, abrirse a los mercados internacionales a través de tratados de libre comercio o minimizar al máximo las obligaciones del Estado, licitando o externalizando servicios, no están dando resultados para el mejor bienestar de un amplio sector de la población chilena.

Esta postura lo llevó a ser incluido en las últimas encuestas dentro de los presidenciables del año 2010, agregándose a los nombres que se manejan desde hace tiempo (Alvear, Insulza, Lagos) o que ya están corriendo solos, aunque queden más de dos años para las elecciones (Piñera). Esta visión, más izquierdista dentro de la conglomerado político en el que milita, y ahora en el Gobierno, puede ser perturbadora para la clase tradicional si su discurso trastoca la política económica que hasta el momento parece consensuada y consolidada entre la Alianza y la Concertación, y pone nerviosos a muchos que se niegan a modificar el actual estado de cosas.

Aunque queda todavía mucho tiempo para las elecciones y Navarro pueda carecer de las condiciones para el cargo de Presidente, bien vale la pena tener presente y analizar con desapasionada detención sus críticas y propuestas, sobre todo al interior de la propia Concertación y la Presidenta Bachelet, quien es la única que puede rectificar y cambiar el rumbo de la economía, teniendo en cuenta lo que dice Navarro y –lo fundamental- aceptando que ello no es incompatible con su programa de gobierno.

Radio Santa María, 13.09.07

NEOLIBERALISMO
Por: Carlos Pérez Alvarado

La jornada nacional de movilización del pasado 29 de agosto, convocada por la Central Única de Trabajadores (CUT) tenía como slogan; “NO al Neoliberalismo”. Probablemente muy poco tiempo atrás esa palabra era casi desconocida para la mayoría de la población de nuestro país. Su origen y significado se perdían entre los supuestos éxitos de su aplicación, validados por rimbombantes resultados y cifras de organismos internacionales como el Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que son los que en definitiva establecen o imponen las reglas en las que se sustenta y promueve esa forma de ver la economía de un país; como el incentivo a la inversión extranjera, la rebaja de impuestos, los tratados de libre comercio y especialmente la reducción del papel del Estado.

El neoliberalismo fue instaurado por economistas graduados en Chicago, quienes convencieron a Pinochet de permitir utilizar a nuestro país como laboratorio de experimentación de un modelo que jamás había sido aplicado en forma tan radical en ninguna otra parte del mundo, comenzando a consumarse la privatización casi total de empresas y servicios sin siquiera consultar la opinión de la ciudadanía. La enajenación, que recaudó solo una parte del valor real de esos bienes públicos, permitió una innegable mejora en las condiciones de vida de la población (lo que es esperable que suceda si, a escala personal, alguien vende sus bienes a precio de remate para pagar así las cuentas atrasadas y adquirir lo más urgente).

Posteriormente, en democracia, el modelo no sólo no fue cambiado, modificado o rectificado, sino que se fortaleció hasta consolidarse definitivamente, en especial durante el gobierno de Ricardo Lagos, quien privatizó lo poco que va quedando por privatizar, incluyendo las cárceles y hasta las calles de Santiago, suscitando la comprensible alegría de la elite empresarial que declaró “amar” al ex Mandatario.

El neoliberalismo busca convertir al Estado más que nada en un ente regulador y fiscalizador fomentando que los privados se hagan cargo de los servicios que siempre fueron de su responsabilidad, y sin hacer distingos por casos especiales. Los planificadores y legisladores, asumen que este sistema funciona siempre y para todos y hasta hoy las críticas que sectores (en realidad) minoritarios hicieron desde hace años, recién comienzan a ser tomadas en cuenta por un número creciente de personas. En otros países de Latinoamérica la población ha salido a las calles a protestar contra la privatización de los servicios sanitarios y del agua potable, algo que en Chile ocurrió en tiempos de Eduardo Frei, de la noche a la mañana, pero en ninguno de ellos se les ha ocurrido traspasarle a los privados (menos gratuitamente) los derechos de aprovechamiento de las aguas, que hoy les permite especular con las necesidades energéticas de Chile.

En esta democracia neoliberal se privatizó Transmarchilay sin considerar que el negocio del transporte marítimo no es lo suficientemente rentable para que una empresa privada se haga cargo, genere ganancias y modernice sus embarcaciones, a pesar de todos los subsidios implicados o de las ayudas especiales e incompresibles con que se intenta mantener a flote una idea incorrecta de raíz (por ejemplo; ¿cómo es posible que el Estado le tenga que comprar un nuevo motor a la barcaza Pilchero?).

También en tiempos de democracia se privatizó Edelaysén, aunque eso en ningún caso haya significado un mejor servicio mejor -y más barato- para la gente de la región de Aysén. Es un contrasentido que los mismos partidarios del modelo privatizador ahora estén exigiendo subsidios del Estado al consumo eléctrico, a cambio de permitir que se construyan esas represas. Por años han reclamado y prometido, sin éxito, una rebaja en las tarifas eléctricas, denunciadas como las más caras de Chile, pero nunca han planteado que el Estado se haga cargo nuevamente de problema y vuelva a ser un servicio público y no un negocio. De hecho, si finalmente lo hiciera, se esfumaría uno de los principales argumentos que HidroAysén utiliza para justificar su inversión entre la gente de nuestra región.

En suma, la movilización del 29 de agosto fue contra un modelo de economía que la gente ya comienza a asociar como causa principal de desigualdad y postergación en Chile. Por eso no fue apoyada por la derecha que se siente gestora de su creación en tiempos del régimen militar, ni por el gobierno de la Concertación que se niega a modificarlo y a entender que requiere reformas substanciales. Pero no se puede seguir tapando el sol con la mano.

Radio Santa María, 06.09.07