EL ESPECTRO DE CHÁVEZ
Por: Carlos Pérez Alvarado

El espectro electromagnético (EEM) es un bien de uso público, como el aire o el agua. Aunque es invisible y muy difícil de describir, la importancia de su existencia es mayúscula. Digamos que se trata de ondas, como las que vemos cuando tiramos una piedra en un lago pero que viaja por el espacio a la velocidad de la luz, y que tiene para la humanidad innumerables aplicaciones. Gran parte del EEM es usado para las comunicaciones (radio, teléfonos, celulares, internet, etc.) y en las telecomunicaciones como la radiodifusión sonora y la televisión. También forman parte del EEM los rayos infrarrojos y ultravioleta, los rayos X, entre otros.

Lógicamente este bien, que no es ilimitado, en todos los países del mundo es administrado por el Estado con el fin de regular su uso, impidiendo su mala utilización e implementado medidas de fiscalización que imposibiliten, por ejemplo, la existencia de radios o canales piratas. Con estos principios, si una persona quiere invertir en el negocio de la radiodifusión, AM o FM, debe solicitarle al Estado una “concesión de frecuencia”, a la cual puede postular sólo si reúne los requisitos que se estipulan en este caso, no hay más interesados en la misma frecuencia, o nadie se opone a la idea.

El caso de la TV es similar pero el número de opciones técnicamente disponibles es mucho menor. En Santiago, por ejemplo, hasta la futura llegada de la TV digital, ya no hay espacio para más canales de libre recepción (esto es del 2 al 13, en VHF), en Coyhaique queda lugar para 2 y en Puerto Aysén para 4 ó 5. Sin embargo, como sabemos, en Chile, Venezuela y muchos países las alternativas de señales se reducen a no más de cinco o seis redes nacionales, que se retransmiten casi íntegramente a lo largo y ancho del país. La programación que ven los televidentes de Puyuhuapi es la misma que la que se ve en Lota o Vallenar.

En los primeros años de la TV el Estado de Chile autorizaba a operar estos canales sólo a las Universidades y en 1969 el Presidente Eduardo Frei Montalva creó la red de Televisión Nacional de Chile (hoy TVN). Posteriormente, llegada la democracia, el Mega (ex segunda señal de TVN) se vendió al empresario Ricardo Claro y Chilevisión (ex de la Universidad de Chile), después de haber tenido varios dueños, hoy pertenece a otro empresario (también de derecha); Sebastián Piñera. Por su parte TVN, mediante una Ley de 1991 se convirtió en una “empresa pública” que ya no recibe un sólo peso de los impuestos de los chilenos y está obligada a autofinanciarse, es decir a competir con el resto de canales por la audiencia y la torta publicitaria, o avisadores. En buenas cuentas la TV en Chile es totalmente comercial y nada tiene de servicio público.

A propósito del debate suscitado por el cierre de un canal venezolano por parte del demonizado Presidente Hugo Chávez, muy interesante sería saber que la medida no sólo tiene que ver con una decisión soberana de ése país, que maneja su propio EEM entregándolo en concesión para su explotación por un tiempo preestablecido y conocido, si no que va a ser reemplazo por un nuevo canal de servicio público llamado TVes bajo la premisa de que un bien de uso público como el EEM jamás debiera estar totalmente en manos de los capitales e intereses privados, pues éstos con un criterio absolutamente comercial sólo buscan el lucro, o –al menos- el autofinanciamiento, y no escatiman en convertir un medio de comunicación tan relevante y estratégico, cual más cual menos, en un vertedero de tele-basura como la que hoy conocemos.

Obviamente una medida como ésta no es del agrado de muchos “inversionistas” que en muchas partes han convertido el EEM y la TV en un negocio más que rentable y que además pueden utilizar para decirnos lo que está bien (como el modelo neoliberal) o mal (como la estatización de las empresas públicas, los recursos naturales o los medios de comunicación), olvidándose de su rol de educar, entretener e informar objetivamente. Seguramente seguiremos escuchando denuncias por supuestos atropellos a la libertad de prensa, o sobre la arbitrariedad de la medida, sin embargo quienes la critican en Chile debieran preguntarse primero; ¿Y cómo andamos por casa?

EL CUERVO
Por: carlos Pérez Alvarado

A fines de agosto de 2001, en las oficinas de la Conama de la región de Aysén la empresa canadiense Noranda ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) su proyecto Alumysa, consistente en la construcción de una planta reductora de aluminio, 3 centrales hidroeléctricas, un puerto en la Bahía Chacabuco, además de 80 Kms de líneas de transmisión, caminos nuevos y mejoramiento de otros ya existentes. Una de las centrales se emplazaba en el Río Cuervo y consideraba la construcción de 2 represas de 66 y 71 m de altura en el inicio del río, con una capacidad instalada de 740 MW. El embalse resultante, de una superficie de casi 13 mil hectáreas, iba a estar formado de la unión de los cuerpos de agua de los lagos Meullín y Yulton, inundando para ello aproximadamente 5.820 hectáreas de terrenos.

Durante casi dos años, tanto la comunidad como los grupos ambientalistas y los servicios públicos con competencia ambiental realizaron centenares de observaciones al mega emprendimiento, entre las cuales unas pocas se referían a la actividad sísmica y volcánica, vinculadas exclusivamente a la presunta (in) actividad de los volcanes Macá y Cay, muy cercanos al embalse artificial, a los riesgos asociados a una reactivación en la zona de falla Liquiñe–Ofqui y la probable “remoción en masa” relacionada a eventos de estas características. Noranda siempre minimizó esos peligros y planteaba que sus represas, concebidas para funcionar por 50 años, podían resistir terremotos de hasta 7 grados Richter. Como sabemos, el río Cuervo nace del desagüe del lago Meullín y desemboca en el fiordo Aysén muy cerca de la Punta Tortuga, dentro de la zona que se ha identificado como el epicentro del enjambre sísmico iniciado en enero y que alcanzó los 6.2 grados el mes pasado.

A mediados de agosto de 2003 Noranda resolvió retirar el proyecto del sistema EIA, pero si Alumysa hubiera sido aprobado, como muchas personas deseaban, una vez conseguido el financiamiento de rigor, suponía un plazo de 60 meses para su construcción y completa puesta en marcha. El inicio de las obras en la central El Cuervo partía el mes uno y finalizaba el 56, es decir contemplaba faenas en ese lugar durante casi todo el periodo y demandaba levantar también un embarcadero en la desembocadura del río en el mar, un camino y un túnel a través del cajón hasta la casa de máquinas en la parte sur del nuevo lago. Otro camino, por el sector del lago Los Palos, llegaría por tierra hasta al (ex) Meullín.

El más optimista de los escenarios para Noranda era obtener la aprobación el año 2003, para comenzar las obras en 2004.

El 21 de abril de 2007 el sector de la desembocadura del río Cuervo hubiera sido un centro de febril actividad, con centenares de viajes de barcazas llevando materiales y miles de trabajadores, principalmente obreros y operadores de maquinaria pesada. Según los planes de la transnacional el promedio mensual de trabajadores era de 3.100 personas (con un máximo de 8.100), muchas de las cuales iban a laborar en el cajón del Cuervo donde hoy es posible apreciar sólo devastación; masas de vegetación y rocas derrumbadas desde las laderas de los cerros, arrastradas por el río que se vierte así turbio a las aguas del fiordo.

Es probable que en tales condiciones Noranda hubiera tenido que adoptar urgentes planes de contingencia (los que no son mencionados en ninguna parte de los 24 tomos de su estudio), que seguramente habrían evitado un elevado número de víctimas pero que, de acuerdo a cómo ha sido enfrentado la emergencia en la práctica, pudo haber representado una tragedia de proporciones muchísimo mayores a las que desgraciadamente conocimos producto del imprevisto terremoto.

Nadie hubiera vuelto a decir que quienes se oponían a Alumysa eran unos alarmistas o que los ecologistas eran unos fundamentalistas.

Noranda, probablemente estaría cobrando los correspondientes seguros internacionales por los daños materiales a un proyecto, que –por suerte- gracias a la oposición de la comunidad, de los servicios públicos y las autoridades de la época, nunca existió. Menos a partir de ahora.

FREI POR TRES
Por: Carlos Pérez Alvarado

En 1997 el Presidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el de Argentina Carlos Saúl Menem firmaron el Tratado de Integración y Complementariedad Minera (el cual fue ratificado por los respectivos Congresos el año 2000), que permite que inversionistas extranjeros como la canadiense Barrick Gold puedan explotar los recursos mineros de Pascua Lama, en ambos lados de la frontera de la Cordillera de Los Andes. En Chile el yacimiento está ubicado en la región de Atacama y en Argentina al nororiente de la ciudad de San Juan. Con este tratado la empresa dueña del proyecto aurífero consiguió que Santiago y Buenos Aires autorizaran la libre circulación de extranjeros en una zona limítrofe después de haber ejercido una fuerte presión a sus respectivos gobiernos en los años 90.

Para sus detractores, el acuerdo significa poner en riesgo la soberanía nacional al crearse un “país virtual”, un país dentro de otro país o un enclave internacional parecido al de la Colonia Dignidad en el que no rigen las mismas leyes que en el resto de Chile, o Argentina.

Todo sea por la ansiada y bienvenida inversión extranjera.

Esto mismo explica que el ex Mandatario, actual Senador Demócrata Cristiano y Presidente del Senado Eduardo Frei manifieste su público apoyo a la construcción de represas en nuestra región de Aysén, pero –extrañamente esta vez- cuestionando la oposición extranjera a esos mega proyectos, especialmente de algunas instituciones de EE.UU. que estarían impulsando una millonaria campaña publicitaria en contra de las centrales.

Frei piensa que estas posturas afectan la competitividad y el crecimiento de nuestro país y un supuesto “interés superior” nos exige aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para proveernos de energía, por supuesto bajo el “estricto cumplimiento” de nuestra normativa ambiental.

En este caso al ex Presidente no le importa si los derechos de aprovechamiento de las aguas de los principales ríos de Aysén están en manos de una empresa que por ahora es española y que puede acabar siendo italiana o alemana, como Endesa. Tampoco aclara si en su apoyo está incluyendo el proyecto de la empresa suiza Xstrata, que quiere represar el río Cuervo para producir 600 Megawatt, el cual desemboca justo en la mitad del tramo entre Punta Tortuga y la Isla La Mentirosa en el fiordo Aysén, y que ha sido identificado como el epicentro de los movimientos que se han estado produciendo desde enero de este año y que derivaron en el terremoto del 21 de abril.

Aunque es resulte difícil exigir coherencia, si Frei fuera realmente consecuente ni siquiera podría criticar la compra excesiva de terrenos por parte de Douglas Tompkins, que igualmente puede afectar nuestra soberanía nacional, si al mismo tiempo está de acuerdo en que exista un enclave minero transnacional en el norte de nuestro país, o que ningún chileno o chilena pueda ocupar las aguas del río Baker o el río Pascua para regar sus campos o almacenar o consumir ese recurso vital para la vida.

Sin embargo lo realmente inaudito es que ahora el ex Presidente esté proponiendo nacionalizar el transporte público de la capital, como una forma de resolver el fiasco del TranSantiago, considerando que ésta sería una medida absolutamente contraria a las políticas neoliberales que él mismo profundizó durante su gobierno y que promueven la inversión privada, principalmente extranjera en casi todos los ámbitos de la economía, incluyendo a la minería, la energía y nuestros recursos naturales.

Para creerle al Sr. Frei primero tendría que escucharlo proponer –entre otras- la nacionalización del transporte marítimo entre Puerto Montt y Chacabuco y del lago General Carrera o planteando la urgente necesidad de recuperar esos derechos de agua para que sea el Estado de Chile el que finalmente decida qué hacer con ellos y no dejarlos supeditados a una empresa que lo único que desea es ganar dinero.

PRIMER ERROR
Por: Carlos Pérez Alvarado

La directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), Carmen Fernández, afirmó textualmente el día 15 de abril que el fenómeno sísmico que afecta a la región de Aysén "está en retroceso". Pero, a pesar que en la misma ocasión también dijo; "aunque (la noticia) la percibimos como promisoria, no nos queremos generar falsas expectativas", la frase que finalmente tituló la prensa regional y nacional ese día fue la primera.

Independiente de la interpretación que podrían tener sus palabras, especialmente entre las personas afectadas por el sismo, pienso que ella jamás debió -ni siquiera- haber insinuado la posibilidad de un término definitivo de estos movimientos. Así como hasta el momento nadie ha podido predecir la ocurrencia de un terremoto (en ninguna parte del mundo), tampoco nadie está en condiciones objetivas de descartar esa posibilidad, u otra que parezca todavía más lejana, como un maremoto o una erupción volcánica.

Desmentida por los hechos, la Sra. Fernández debió haber asumido su error y renunciar de inmediato a su cargo. Ello no ocurrió y, por el contrario, fue ratificada por la Presidenta Bachelet y respaldada por diversos dirigentes de los partidos políticos en el gobierno, a la vez que era criticada duramente por la oposición. La primera y más importante consecuencia de esta decisión, no sólo afecta a la comunidad sino que al propio gobierno y tiene que ver con el absoluto divorcio que existe –hasta hoy- entre la gente de Aysén y el organismo que ella dirige, tanto así que durante sus últimas visitas a terreno no ha sido factible verla compartiendo con la gente y sus dirigentes, como presintiendo el alto nivel de rechazo a sus dichos entre la población.

Si la directora de ONEMI no tenía intenciones de dimitir, debió ser la Presidenta Michelle Bachelet la que le solicitara abandonar tan importante cargo y proceder a nombrar a otra persona para sustituirla. Con esto hubiese conseguido un nuevo trato con la comunidad, una nueva oportunidad para conversar, reconocer las fallas y rectificar las políticas de acción en esta situación de emergencia. Probablemente una medida como ésta también hubiera impedido las bochornosas manifestaciones de descontento que sufrió la Mandataria cuando arribó a la zona.

Una vez más parecen haber primado los intereses políticos por encima de lo que resulta más conveniente para la gente; como el no darle la razón a la oposición o aceptar que el Alcalde de Puerto Aysén Oscar Catalán tenía razón en sus críticas contra la funcionaria en cuestión. Tal vez primó el hecho que “políticamente” no es conveniente para un gobernante demostrar debilidad ante la opinión pública y la oposición, o sencillamente es una demostración de la enorme influencia de los partidos en sus decisiones, o la incompetencia de sus asesores.

Como ha ocurrido en casos similares, algunos creen que tal decisión ya está tomada pero que se va a concretar recién en los próximos meses, algo que no sirve de consuelo mientras el tiempo siga transcurriendo y la incertidumbre sobre los verdaderos riesgos que están involucrados y los planes de contingencia que debieran estar preparados en este caso, continuarán.

De cualquier forma el Gobierno desperdició una buena oportunidad para revertir las críticas y salir fortalecido de esta situación que terminó en catástrofe, con tres personas fallecidas y siete desaparecidas. De igual manera la comunidad de Aysén continúa sin poder establecer un diálogo fructífero con quienes debieron asumir un papel protagónico en estas circunstancias.