TV NACIONAL V/S TV LOCAL
Por: Carlos Pérez Alvarado

La inusual ola de temblores que han azotado la zona y que mantiene la preocupación entre su población, ha dado pié para que los principales medios de comunicación de la capital vuelvan con sus cámaras y grabadoras para despachar notas para las radios, fotos para los diarios e imágenes para los canales de TV. Para que suceda esto, sobre todo en el caso de la TV, las noticias deben ser muy atrayentes, sólo así los jefes de prensa en Santiago se animan a enviar un equipo periodístico, que cuesta mucho financiar si el tema no lo ameritara. Una repetición de lo que ocurrió en 1991 con el Hudson sin duda puede tener tremendos dividendos de “rating”, que es por lo que se guía este negocio.

Actualmente la Televisión en Chile es únicamente comercial. Los canales con redes nacionales (TVN, TV-UC, Mega, Chilevisión y La Red) son medios privados, o casi, en el caso de TVN, que funciona con una lógica de “industria” de la entretención, la información y la educación. Un análisis medianamente acabado sobre si los canales efectivamente cumplen, al menos en parte esas tareas, ocuparía libros con conclusiones diversas, sin embargo lo que sí está muy claro es que la región de Aysén, como todas las demás, sólo es atendida por esos grandes medios en muy contadas ocasiones, generalmente cuando las emergentes noticias tienen ribetes de tragedia. Este escenario explica el tono marcadamente centralista de sus informativos y de su programación en general. Ni a una señora de La Tapera o un a señor de Vallenar le pueden interesar los problemas del Transantiago o los hoyos de la Avenida Matta, pero no tienen forma de cambiar esa situación, ni siquiera con el control remoto del televisor en la mano.

Las normas que regulan la TV en Chile obligan a estas empresas –por lo menos- a autofinanciarse y el ahorro se convierte en una práctica habitual y necesaria, define contenidos y políticas de cobertura y expansión del servicio. Para ningún canal es justificable instalar estaciones en pueblos pequeños y ésa es la razón por la que no tienen presencia en muchos lugares de la undécima región, principalmente las señales de Mega y de Chilevisión que ni siquiera están disponibles en Puerto Aysén. En cambio TV-UC y TVN operan en la mayoría de ellos, aunque en el caso del canal nacional no siempre son parte oficial de la red, lo que los desliga de su mantención técnica traspasándoselas a los municipios respectivos, derivando muchas veces en la suspensión de las transmisiones por largos periodos de tiempo. Así, la gente que no puede pagar el sistema alternativo de televisión satelital, puede estar viendo sólo uno, incluso ningún canal de TV; como en Puerto Cisnes cuyos habitantes no pudieron ver el último campeonato mundial de fútbol que se efectuó en Alemania en 2006 y hasta el día de hoy el problema persiste, a menos que se invierta una cantidad de dinero fuera del alcance de ese municipio y la comunidad. En Puerto Bertrand funciona sólo TVN y no muy bien, en Ñirehuao se cortó hace un tiempo, en Mallín Grande sólo se ve TV-UC, etc.

Aunque existen algunos fondos gubernamentales, como los del Consejo Nacional de Televisión, en nuestro país todavía no se implementa un modelo nuevo y moderno de TV que además fomente la creación de canales locales, que puedan asociarse y establecer redes regionales de apoyo mutuo, con una infraestructura técnica y profesional adecuada que les permita, por ejemplo, mantenernos informados de mucho mejor manera acerca de lo que está sucediendo con los temblores en Puerto Chacabuco que como lo están haciendo las cadenas nacionales que, con el afán de hacer más atractivos sus despachos enfatizan sus aspectos negativos causando más daño que beneficio a nuestra región. Se requiere un marco regulatorio que facilite la entretención, la información y la educación de nuestra Patagonia y de las otras regiones, no la de Santiago.

PLAN DE CONTINGENCIA
Por: Carlos Pérez Alvarado

Igual que el año 1991, cuando se produjo la última erupción del volcán Hudson, se registraron inusuales temblores en Puerto Chacabuco y los alrededores, totalmente desconocidos para la gente de esta región donde estos fenómenos de la naturaleza no se manifiestan tanto como en el norte de Chile, generando compresible pánico. Al momento de escribir esta columna y mientras estoy sintiendo como se mueve el piso, todavía no hay noticias de alguna erupción ni del Hudson ni de ningún otro volcán (varios) como los que duermen escondidos entre las montañas de Aysén. Sin embargo ya es posible escuchar a través de medios radiales locales (que siguen siendo los únicos medios con información instantánea), los primeros reclamos de vecinas y vecinos de Chacabuco que comienzan a alarmarse y echar de menos una explicación rápida acerca de lo que está sucediendo.

El año 1991, al igual que ahora, llegaron los científicos o desde la capital opinaban. Uno de ellos (de apellido Naranjo) por televisión afirmaba que no habría una segunda erupción mientras en ese mismo momento se registraba una tremendamente más grande y que derivó en desastre, sobretodo para la población de Chile Chico y Puerto Ibáñez. Fue uno de los primeros errores que se cometieron en aquella ocasión, que fueron muchos. La falta de un plan de contingencia ante un evento como éste sólo se puede entender si en realidad casi no lo existen para otras regiones donde estos fenómenos son más frecuentes, de todas formas la descoordinación entre todos los estamentos involucrados fue patente para la comunidad. El naciente gobierno democrático aún desconfiado del mundo militar demoró más de lo necesario para autorizar que su personal tomase el control de la emergencia, que era lo obvio. Su representante en la región, el Intendente Hernán Valencia sólo atinaba a llamar a la calma y a informar que todo estaba bajo control (tanto a la población como a sus superiores), lo que impidió que el Gobierno Central tomara medidas más oportunas y atinadas. Valencia, más de una semana después arribó a un devastado Chile Chico acompañado del Sub-Secretario del Interior Belisario Velasco, al que sus habitantes no le permitieron abandonar el pueblo sin que les entregara soluciones concretas a la muerte de sus animales, las pérdida de sus bienes y el espanto que soportaron abandonados a su suerte mientras al otro lado de la frontera el pueblo de Los Antiguos ya había sido visitado por el propio Presidente Carlos Menem (Patricio Aylwin llegó dos meses después).

Fueron muchas las fallas el 91 y aunque queda el consuelo que -por fortuna- no hubo víctimas fatales, espero que ese invierno de agosto, además de frío y nevado, haya servido de experiencia para enfrentar situaciones similares hoy día. A lo mejor una sola estación sismológica para toda la región no es suficiente para mantener un monitoreo adecuado y necesario, pero aunque eso se solucione óptimamente es fundamental el diseño de un plan de contingencia que sea conocido por cada uno de los habitantes de la región. Siempre me ha parecido que cuando las autoridades en verdad no tienen un plan de contingencia se dedican exclusivamente a llamar a la calma. Si en realidad lo hubiese sus voceros se dirigirían a la población para que ésta asuma la “Fase Uno” del decálogo. Ojalá que nada grave llegue a ocurrir ni que afecte lugares habitados. Espero igualmente, dada tal posibilidad, un desempeño profesional y oportuno de nuestras autoridades y de nuestras instituciones. De paso vayan los partidarios de las represas teniendo en cuenta estos sucesos en sus estudios de impacto ambiental, aprovechando de registrar la intensidad de estos sismos que nos recuerdan que es la naturaleza la que manda.

¿EXIGIR QUÉ?
Por: Carlos Pérez Alvarado

Desconozco las cifras de sus balances contables, para saber si son o no son rentables, sin embargo en el caso de las empresas navieras que operan en nuestra región transportando vehículos de carga y pasajeros, lo obsoleto de sus naves y el deficiente servicio que prestan puede deberse solo a dos razones; la primera es que los dueños de Navimag (que cubre el itinerario Puerto Montt-Puerto Chacabuco) o de Mares del Sur (que hace lo propio entre Puerto Ibáñez y Chile-Chico), a pesar de que ganan muchísimo dinero no quieren invertir en nuevas embarcaciones, como lo desean y necesitan sus usuarios, porque sencillamente no les da la gana. La segunda posibilidad es que el negocio realmente apenas se sustenta, o bien trabajan a pérdida y por lo tanto objetivamente no están en condiciones de reemplazarlas. En ambos ejemplos el Estado contribuye con subsidios, lo que no significa comprometer a esas compañías a mantener una operación comercial que no les resulta lo suficientemente lucrativa como para estar realizando constantes inversiones en mejoras. Al parecer lo más probable es esto último, ello explicaría porqué la empresa que operaba un rápido y cómodo catamarán (Aysén Express), a pesar de esa contribución estatal, abandonó la ruta que hacía a la capital de la décima región. Por lo mismo, tampoco se tienen noticias de nuevos proyectos privados que cubran alguna de esas rutas.

He Escuchado a dirigentes de la organización “Aysén por Aysén” hablando de “exigirle” a la empresa naviera Magallanes que mejore su servicio de transbordadores entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco que, como sabemos, al igual que la barcaza El Pilchero en el Lago General Carrera, experimentan problemas mecánicos que impiden un servicio con las más mínimas comodidades e incumplimiento de horarios. Muchas de las personas que integran la directiva de esa corporación de desarrollo son empresarios y como tales debieran saber que nadie le puede decir a un privado cómo debe hacer su negocio. Si el Estado obligara a cada comerciante a optar por una determinada infraestructura para prestar cualquier servicio, éste tendría que evaluar si en tales condiciones su negocio es rentable o no. Si esas obligaciones se establecen antes de desarrollar la iniciativa habrá tiempo para arrepentirse de invertir en una idea destinada al fracaso. Pero si las nuevas normas se imponen cuando el negocio o servicio se encuentra en plena marcha, no hay dudas de que se trata de un caso flagrante de cambio en las “reglas del juego”. Una contradicción más horrorosa aún en el modelo de economía vigente.

No hay nada que exigirle a los privados, lo que hay que exigir es que el Estado, administrado por ahora por la Concertación por la Democracia, asuma una responsabilidad vital como lo es el transporte marítimo en Aysén, revocando una medida tan neoliberal como la de privatizar Transmarchilay en 1999. En tal escenario jamás veríamos a la primera autoridad regional dando explicaciones por los retrasos que Mar del Sur tuvo para concluir las reparaciones en los motores de impulsión y las hélices de su anticuada barcaza (en operaciones desde 1973), sino que velar para que nadie tenga que experimentar el lado más duro del aislamiento al que nos enfrentamos absolutamente todos en la región de Aysén. Un primer paso positivo me parece que ex funcionarios, que mientras fueron autoridad jamás se refirieron a este asunto, reconozcan ahora la necesidad de una mayor implicancia del Estado en esta materia. Es cosa de aunar fuerzas para el cambio, mejor todavía si a esta demanda se suma “Aysén por Aysén”.

¿CUÁLES ALTERNATIVAS?
Por: Carlos Pérez Alvarado

Querámoslo o no, los grandes temas de Santiago terminan siendo asuntos de importancia nacional; chilenas y chilenos indistintamente de Arica o de Puerto Cisnes, sin que nos afecte directamente, tenemos que enterarnos de los reclamos que han surgido respecto del alza de tarifas que aplicarán las empresas transnacionales concesionarias de las flamantes autopistas urbanas que atraviesan la Región Metropolitana. Nos enteramos que dicha alza estaba previamente acordada entre esas empresas y el Estado chileno y según ello no habría nada más qué hacer. ¿Es que no lo sabían? Eso fue hace mucho tiempo, mientras gobernaba don Ricardo Lagos. Además se comenzarán a cobrar tarifas de “saturación”, lo que es una verdadera contradicción vital con la finalidad inicial de estas vías, que era resolver el eterno problema de congestión vehicular en la capital.

Tengo la impresión de que para la mayoría inmensa de nosotros estos acuerdos nunca fueron noticia, o sea, casi nadie lo supo. Estaría en el recuerdo si, por el contrario, no sólo este aumento en los precios sino que toda la iniciativa de privatizar –en la práctica- las calles de Santiago hubiese sido plebiscitado entre la gente que iba a verse afectada. Recuerdo otra polémica santiaguina en la cual el Alcalde de Las Condes justamente llamó a un plebiscito para aprobar o rechazar el cierre de una avenida de su comuna (ganó el cierre). El mismo gobierno se opuso y vetó esa idea argumentando que no se puede impedir el libre tránsito de vehículos en ninguna parte del país, lo que también es totalmente incongruente con obligar a la gente a usar un servicio que antes no existía; el de las autopistas urbanas concesionadas (AUC).

Entre medio de la polémica aparece nuestro conocido Ministro de Obras públicas, Eduardo Bitrán afirmando que los usuarios, si no quieren pagar, pueden usar rutas alternativas y gratuitas, las que después no pudo demostrar que existían en el 100% de los casos. En términos estrictos un Ministro que está para velar por los intereses del Estado de Chile no tendría porque dar explicaciones de este tipo (y sin base), ni sus funcionarios debieran actuar como relacionadores públicos de esas empresas privadas. Por el contrario, su deber es velar para que la ciudadanía pueda elegir libremente si desea o no pagar por transitar por las calles y caminos de su país. De paso, debieran informarnos correctamente sobre cuáles son las vías alternativas que tiene un conductor para viajar entre Puerto Montt y Santiago, si no es por la ex Carretera Panamericana en la que se deben pagar 12 peajes.

No se trata de estar en contra de que participen los privados en la solución de los problemas viales de Chile, sin embargo, como cualquier aysenino, me imagino que si en el futuro el gobierno de turno decidiera licitar internacionalmente la construcción de una “Supercarretera Austral” de doble vía, con teléfonos cada un kilómetro, sin caminos que la atraviesen, teniendo que pagar por ello, probablemente sería prudente que se le consultara a la población si es que está o no de acuerdo, o bien se le permita imponer condiciones mínimas como la de contar con una efectiva ruta alternativa, evitando el traspaso íntegro del actual trazado (construido con fondos aportados por décadas por todos los chilenos) y lucrar de un negocio como este, que perfectamente puede ser legítimo si en realidad dispongo de más de una opción. Peor aún si más encima la “letra chica” del contrato permite aplicarles a los conductores cautivos, alzas de tarifas no esperadas o conocidas. Aunque las AUC es un tema centralista por esencia, sí nos permite entender la forma en que muchas veces se legisla o se actúa más bien en favor de las grandes empresas que en beneficio de los sufridos consumidores, que deberán esta vez agregar nuevos gastos a sus cuentas de la luz, el agua, el gas, el celular o las tarjetas de las multitiendas. Así funciona el sistema, y no debería ser así.

¡PARENLA CON LA VIOLENCIA!
Por: Carlos Pérez Alvarado

Es muy posible que haya buenos estudios sobre las diferentes conductas humanas, entre ellas la que valida la violencia militar como una forma de resolver los conflictos. Sin tener un mínimo de erudición sobre el tema sociológico o antropológico, tengo la impresión de que una de las maneras en que se facilita la instauración de la violencia bélica como una forma de cultura es a través de los medios de comunicación. A diario vemos en los noticieros como los soldados de EE.UU. con cámaras infrarrojas y fusiles con miras láser patean las puertas de las casas en Bagdad en busca de supuestos terroristas, mientras más atrás una cámara del principal noticiero de la TV estadounidense relata la forma en que sus muchachos cumplen con su tarea de llevar libertad y democracia a países lejanos donde –según ellos- la necesitan con urgencia. Para la ciudadanía del país del norte estos soldados son héroes y cada uno de los más de 3 mil que han muerto en acción han recibido funerales con honores y la entrega de la bandera que cubrió su féretro a las viudas (tradición –parece- universal de las FF.AA. del mundo y que vimos con Pinochet).

No son pocos los juegos tipos Nintendos o PlayStation que están diseñados y ambientados en Irak, ni tampoco deben ser pocas las películas que ya se están pensando en Hollywood para mostrar conmovedoras historias inspiradas en ese conflicto del medio oriente, mientras en la Internet proliferan los sitios que hacen apología del militarismo en general. Las armas, helicópteros, aviones de guerra, tanques, tenidas de combate, bombardeos y muerte de personas forman parte de las imágenes habituales a las que se somete su población y que, por añadidura, venden a buena parte del mundo.

Por suerte en Chile una cultura del militarismo y las armas de fuego no llega a los niveles extremos de EE.UU., país en el que adolescentes vestidos con pantalones con camuflaje han ingresado con fusiles automáticos para asesinar a sus compañeros, o de los países en permanentes conflictos como Palestina, Israel, El Líbano, Afganistán, Sudán o Somalía, cuyos habitantes no se sienten a salvo si no van armados. Es una verdadera fortuna que Chile sea un país en el cual un conflicto bélico, tanto interno como externo, es de difícil ocurrencia y sólo afiebrados cerebros estarían de acuerdo en proponerla como medio para obtener algún propósito, menos aún en nuestra Patagonia. A pesar de que existen personas, o grupos de personas, a los que les gusta manipular pistolas o rifles, o vestirse con uniformes verde olivo, “woodland” (o “desert camo”, como el usado en Irak) y bototos con punta de acero, son grupos tan pequeños que no alcanzan ni siquiera a definir una “moda militar”, menos aún una ideología. Los fanáticos, en todo caso, podrían aumentar si logra imponerse en la audiencia televisiva el nuevo “reality” de TVN llamado “Pelotón” (como la película sobre Vietnam) inspirado justamente en un formato militar en el que los participantes son sometidos a un intenso entrenamiento castrense a cargo de un ex instructor de la Armada y donde “el honor está en juego”. Los competidores, entre los que hay hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, serán recluidos en un terreno de Calera de Tango, donde contarán con un centro de entrenamiento y un sector para las pruebas de “eliminación”, tal como si fueran civiles adiestrados para ir a una guerra como mercenarios. El ganador del show se llevará un departamento equipado y una camioneta 4x4

Quiero que vuelva la publicidad del BancoEstado (ex DEL Estado), esa en la que un pato alega contra la violencia representada en los juguetes que se regalan en navidad. “Hasta cuando le meten tonteras en la cabeza a estos niñitos, por favor…”