NO CORRESPONDE
Por: Carlos Pérez Alvarado

El fracasado plan Transantiago cuyos usuarios objetivamente han sido impactados en su modo de vida teniendo que levantarse (aún) más temprano que antes para llegar al trabajo, viajando muchas horas virtualmente como sardinas enlatadas en los escasos buses disponibles y haciendo más largo y peligroso el retorno a sus hogares, hace mucho tiempo que dejó de ser un problema sólo de la capital.

Aparte de los inconvenientes que debe enfrentar un “provinciano”, que viaja de vez en cuando Santiago y descubre un nuevo sistema de transporte público, desconocido e incomprensible, el resto de los chilenos tenemos que soportar el bombardeo informativo de un tema que, aparentemente, no nos afecta en forma directa. Pero, en estricto rigor, el Transantiago se transformó en un problema de todo el país desde el momento que comenzó a involucrar recursos del erario nacional, que el Estado recauda y redistribuye a partir de los impuestos de todos los chilenos y chilenas, desde los tributos a las ganancias de las empresas grandes y pequeñas, hasta el IVA en la boleta del pan. Es el gobierno de turno el encargado de proponer cómo se gastan esos dineros y del Congreso discutir, aprobar o rechazar los presupuestos del Ejecutivo.

Ya nadie puede desconocer que la idea del Transantiago fue concebida por tecnócratas que seguramente llegan a la oficina en su auto particular y a los que ni siquiera se les ocurrió consultar la opinión de los Alcaldes de la Región Metropolitana. El gobierno de Ricardo Lagos, poco antes de dejar La Moneda, firmó con los dueños de las empresas de transporte los contratos por un servicio que, en las condiciones que finalmente se implementó, jamás estuvo en condiciones de funcionar adecuadamente. Para algunos fue una evidente irresponsabilidad, para otros una dudosa estrategia electoralista de la Concertación que buscaba asegurar más votos en la última elección presidencial. Pero, lo que sí está muy claro es que, a pesar de los parches, el sistema de transporte que hoy disponen los capitalinos es peor que el que tenían antes de febrero pasado. Los contratos estipulaban que si el cambio no se producía en esa fecha, el Estado debía indemnizar a las empresas. La Presidenta Bachelet decidió atender la opinión de sus Ministros y puso el plan en marcha con las nefastas consecuencias que la propia Mandataria debió reconocer en su oportunidad, pidiendo las disculpas del caso.

Ante la necesidad de mantener el actual precio de las tarifas, que evite el hartazgo y el temible “estallido social” de la población, el Gobierno sólo vio una salida; pedir al Congreso los recursos financieros y remediar el problema, comprándole más buses a los privados, asegurándoles un ingreso que impida que éstos pierdan dinero y realizando de forma urgente obras viales que debieron haber estado listas con mucha anterioridad. Una segunda alternativa, más barata, era cancelar esas indemnizaciones o, inclusive, revisar la legalidad esos acuerdos.

En este desesperado intento el gobierno, sus asesores y los parlamentarios de su coalición han planteado argumentaciones bastante cuestionables, comenzando por hablar de “millones de dólares” en lugar de “miles de millones de pesos” al referirse a los montos que solicita para superar las urgencias, o esgrimiendo el falso dilema entre una forzosa asignación de recursos o (si no) un alza obligada de tarifas. Tampoco parece legítimo que destinar 290 millones de dólares implique una “compensación” similar a las regiones. A pesar que para ninguna región esa plata está demás, la idea perfectamente puede ser calificada de perversa, entendiendo por ello lo que dice la RAE; “que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas”. No se puede fomentar la idea que, gracias a la monumental embarrada de un grupo de planificadores y políticos, las regiones puedan verse beneficiadas recibiendo recursos que en caso contrario no obtendrían. No creo que ése sea una forma correcta de disponer de nuestros impuestos ni el camino para construir una democracia legítima y justa.

Radio Santa María, 23.11.07