COMO PILATOS
Por: Carlos Pérez Alvarado

Los parlamentarios de nuestra región, desde la recuperación de la democracia en 1990, han criticado insistentemente el elevado costo que pagamos en Aysén por los servicios del agua potable y la energía eléctrica. Los diputados Baldemar Carrasco, Antonio Horvath, Héctor Zambrano, Valentín Solís, Leopoldo Sánchez, Pablo Galilea y René Alinco, más los Senadores Hernán Vodanovic, Hugo Ortiz, Adolfo Zaldívar y Antonio Horvath, todos, en mayor o menor grado han incluido este tema en sus discursos, comprometiéndose a luchar en el Congreso, o ante el gobierno de turno, por resolver dos de las demandas más urgentes de sus electores.

Con respecto al agua potable durante todos estos años han dicho que es “la más cara de Chile”, lo que en realidad es inexacto si se consideran algunas empresas sanitarias menores, pero que atienden al 15% del total de los hogares chilenos, como Aguas Pichidangui y Aguas La Serena (en la IV Región), Coopagua (V), Aguas Manquehue (RM) y Aguas San Pedro (VIII) que, en efecto, cobran mucho más dinero por este servicio que incluye también el alcantarillado. Durante el gobierno de Eduardo Frei se aprobó en el Congreso la privatización de todas las empresas sanitarias (algo impensable o descabellado en gran parte del planeta), pero a ningún legislador de nuestra región se le ocurrió siquiera promover un debate, menos aún un plebiscito sobre la conveniencia o no de ese proceso, como sí se hizo en la región del Bío-Bío el año 2000, en el que votaron 136.783 personas de las cuales el 99.01% optó por mantener el control estatal de tal servicio. La empresa (Essbío) igualmente se privatizó, como la de Aysén (Emssa), pero acá ni siquiera hubo la más mínima señal de pataleo.

Por otra parte, por 17 años hemos escuchado incansablemente sobre las abultadas tarifas eléctricas, también la más cara de Chile y “la quinta más cara del mundo”, afirmaciones que nunca son respaldadas por fuentes comprobables. Responsablemente es muy difícil demostrar esta última aseveración puesto que debe haber decenas de países en los cuales la energía eléctrica más que un negocio es una urgente necesidad. Pero lo que sí es posible probar es que la región de Aysén NO paga las precios más elevados de Chile; Mientras nosotros cancelamos $ 126.9 por KW/h, en numerosas comunas de la VIII y IX regiones, la empresa Frontel (del grupo SAESA, igual que Edelaysén) cobra $ 129,1 en Los Ángeles, Chillán, Lautaro, Victoria, por nombrar las más grandes entre las 23 ciudades afectadas y $ 150,2 en 38 comunas entre las que se incluye Alto Bío-Bío y Santa Bárbara, localidades muy cercanas a las represas Ralco y Pangue de Endesa, que antes de construirlas habló ambiguamente de rebajas en los tarifados, tal como hoy lo hace en Aysén.

A pesar de esta evidente desinformación, voluntaria o involuntaria que nuestros representantes en el Congreso continúan repitiendo erróneamente ante nuestra comunidad, bastaría un simple decreto para permitir la ansiada disminución –digamos, por ejemplo- de un 50% de las tarifas de ambos servicios, mediante un subsidio regional, algo que al Estado le significaría un gasto mínimo, y se acabaría definitivamente el problema.

Pero, en estos largos 17 años, nuestros parlamentarios han sido incapaces de lograr ese objetivo y para disimular su fracaso ahora han encontrado la oportunidad de traspasarle esa responsabilidad a los ejecutivos de dos o tres empresas transnacionales de generación hidroeléctrica a los que les están exigiendo el mismo compromiso, incumplido por ellos. La moneda de cambio sería la construcción nada menos que de ocho mega represas como las que se proyectan en los ríos Baker, Pascua, Cóndor, Cuervo y El Blanco.

¿No le parece a Ud. que, con estos parlamentarios, el remedio está resultando peor que la enfermedad?

Radio Santa María, 18.10.07