¿CÓMO QUE NO EXISTE?
Por: Carlos Pérez Alvarado

Hace unos días la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, declaró que no se iba a referir al plan de Hidroaysén en tanto éste no ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Antes, el 10 de abril de 2007, desmintió que se haya reunido con los titulares del proyecto. “Nunca”, dijo, desestimando las sospechas de algunos parlamentarios sobre supuestos contactos que habría establecido Endesa-Colbún con la Conama para modificar el diseño original, es decir, 5 en lugar de 4 represas y reducción de la superficie a inundar. La funcionaria explicó que; “nunca he conocido el diseño, ni en detalle ni en lo grueso. Desconozco completamente el proyecto”.

Es claro que ésta es la postura oficial del gobierno y las autoridades, claramente, prefieren evitar referirse al tema. Sin duda se trata de un asunto espinudo, controversial y cualquier declaración, después, puede ser usada en su contra. Cada frase es enjuiciada de inmediato por cualquiera de las partes interesadas; como le sucedió por ejemplo al Ministro de Obras Públicas Eduardo Bitrán quien, en diciembre pasado, afirmó que el Gobierno estaba “conciente de que va a haber un desarrollo hidroeléctrico en Aysén y que los recursos (hídricos) van a tener que usarse”. Obviamente esto generó fuertes críticas entre los opositores y algún “coscorrón” debe haber recibido por haberse explayado más allá de lo conveniente. La situación se repite a nivel regional, donde pareciera haber un silencio sepulcral por parte de honestos y preocupados funcionarios públicos que legítimamente pueden tener su opinión al respecto pero que quedan impedidos de expresarla, por decoro, por prudencia, por que no es políticamente correcto, por imposición interna o –porqué no decirlo- por temor.

El caso es que el “proyecto” Hidroaysén SÍ existe. Existe para el Presidente del Senado Eduardo Frei, un ferviente partidario. También existe para el Presidente del PPD, Sergio Bitar, quien repite continuamente que las centrales deben construirse “sí o sí”. Todos los días la prensa está informando sobre las actividades de Endesa-Colbún o de las organizaciones medioambientales, regionales, nacionales y extranjeras. Sí existen las Casas Abiertas de la empresa y el lanzamiento del libro “Patagonia Sin Represas” en Santiago y Coyhaique, actividades que contaron con la participación de numeroso público interesado. Sí existe abundante publicidad en las radios, los diarios, la Internet o la TV local. También existen las opiniones, variadas, majaderas y hasta monotemáticas en muchos medios.

Es que, lógicamente, un proyecto como éste no puede ser soslayado considerando su monumental envergadura y su indiscutible impacto, negativo o positivo dependiendo las visiones. Acá no estamos hablando de una jaula de salmones en una laguna, hablamos de obras colosales, gigantescas grúas y camiones transitando por la Carretera Austral, miles de trabajadores con sus familias, intervención de cuencas, inundación de terrenos, miles de Kms de tendido eléctrico con enormes torres, cientos de miles de toneladas de basura de construcción y doméstica, etc. Desconocer esta realidad puede convertirse en un acto de verdadera negligencia si tenemos en cuenta que de acuerdo a la legalidad vigente (o su interpretación), la comunidad y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) cuentan con míseros 60 días para presentar sus observaciones a tal iniciativa.

En lugar de ignorar el actual escenario la Ministra, la propia Presidenta y todo el aparataje público, nacional y regional, debieran estar preocupados de incentivar, facilitar y conducir el debate, lo que de ninguna forma significa tomar partido por alguna de las posturas. Las autoridades, mediante un programa adecuado, oportuno, transparente y equitativo debieran estar reuniéndose con Hidroaysén, con Xstrata, con las organizaciones que aprueban o con las que se oponen, con el fin de mantener al resto de la comunidad debidamente informada y con la mayor cantidad de antecedentes posibles, sobre las características, las implicancias y las herramientas legales con las que la población cuenta para hacer valer sus puntos de vista, cuando y donde corresponda. Ésa debiera ser realmente su preocupación y su deber

Existen países donde el Estado, en estos casos de gigantescos megaproyecto, patrocina un Estudio de Impacto Ambiental independiente con amplia participación ciudadana, pero en Chile, la Ministra recién se pondrá las pilas cuando el proyecto “exista de verdad”.

Radio Santa María, 25.10.07

COMO PILATOS
Por: Carlos Pérez Alvarado

Los parlamentarios de nuestra región, desde la recuperación de la democracia en 1990, han criticado insistentemente el elevado costo que pagamos en Aysén por los servicios del agua potable y la energía eléctrica. Los diputados Baldemar Carrasco, Antonio Horvath, Héctor Zambrano, Valentín Solís, Leopoldo Sánchez, Pablo Galilea y René Alinco, más los Senadores Hernán Vodanovic, Hugo Ortiz, Adolfo Zaldívar y Antonio Horvath, todos, en mayor o menor grado han incluido este tema en sus discursos, comprometiéndose a luchar en el Congreso, o ante el gobierno de turno, por resolver dos de las demandas más urgentes de sus electores.

Con respecto al agua potable durante todos estos años han dicho que es “la más cara de Chile”, lo que en realidad es inexacto si se consideran algunas empresas sanitarias menores, pero que atienden al 15% del total de los hogares chilenos, como Aguas Pichidangui y Aguas La Serena (en la IV Región), Coopagua (V), Aguas Manquehue (RM) y Aguas San Pedro (VIII) que, en efecto, cobran mucho más dinero por este servicio que incluye también el alcantarillado. Durante el gobierno de Eduardo Frei se aprobó en el Congreso la privatización de todas las empresas sanitarias (algo impensable o descabellado en gran parte del planeta), pero a ningún legislador de nuestra región se le ocurrió siquiera promover un debate, menos aún un plebiscito sobre la conveniencia o no de ese proceso, como sí se hizo en la región del Bío-Bío el año 2000, en el que votaron 136.783 personas de las cuales el 99.01% optó por mantener el control estatal de tal servicio. La empresa (Essbío) igualmente se privatizó, como la de Aysén (Emssa), pero acá ni siquiera hubo la más mínima señal de pataleo.

Por otra parte, por 17 años hemos escuchado incansablemente sobre las abultadas tarifas eléctricas, también la más cara de Chile y “la quinta más cara del mundo”, afirmaciones que nunca son respaldadas por fuentes comprobables. Responsablemente es muy difícil demostrar esta última aseveración puesto que debe haber decenas de países en los cuales la energía eléctrica más que un negocio es una urgente necesidad. Pero lo que sí es posible probar es que la región de Aysén NO paga las precios más elevados de Chile; Mientras nosotros cancelamos $ 126.9 por KW/h, en numerosas comunas de la VIII y IX regiones, la empresa Frontel (del grupo SAESA, igual que Edelaysén) cobra $ 129,1 en Los Ángeles, Chillán, Lautaro, Victoria, por nombrar las más grandes entre las 23 ciudades afectadas y $ 150,2 en 38 comunas entre las que se incluye Alto Bío-Bío y Santa Bárbara, localidades muy cercanas a las represas Ralco y Pangue de Endesa, que antes de construirlas habló ambiguamente de rebajas en los tarifados, tal como hoy lo hace en Aysén.

A pesar de esta evidente desinformación, voluntaria o involuntaria que nuestros representantes en el Congreso continúan repitiendo erróneamente ante nuestra comunidad, bastaría un simple decreto para permitir la ansiada disminución –digamos, por ejemplo- de un 50% de las tarifas de ambos servicios, mediante un subsidio regional, algo que al Estado le significaría un gasto mínimo, y se acabaría definitivamente el problema.

Pero, en estos largos 17 años, nuestros parlamentarios han sido incapaces de lograr ese objetivo y para disimular su fracaso ahora han encontrado la oportunidad de traspasarle esa responsabilidad a los ejecutivos de dos o tres empresas transnacionales de generación hidroeléctrica a los que les están exigiendo el mismo compromiso, incumplido por ellos. La moneda de cambio sería la construcción nada menos que de ocho mega represas como las que se proyectan en los ríos Baker, Pascua, Cóndor, Cuervo y El Blanco.

¿No le parece a Ud. que, con estos parlamentarios, el remedio está resultando peor que la enfermedad?

Radio Santa María, 18.10.07

PIÉNSELO
Por: Carlos Pérez Alvarado

El gobierno de la Dra. Michelle Bachelet parece muy poco receptivo a las críticas que se le hacen desde distintos frentes, comenzando por la derecha representada en la Alianza por Chile, algunos miembros de su propia coalición, personificados en los llamados parlamentarios “díscolos”, de la izquierda extra-parlamentaria o de independientes. Sus respuestas muchas veces generan más controversias aún, en especial cuando livianamente denuncia una actitud “machista” en su contra.

Veamos, a modo de ejemplo, lo que sucede en el plano de su política exterior. Recordemos, para comenzar, al Ministro de RR.EE. Alejandro Foxley en julio de 2007 anunciando que exigiría explicaciones y plantearía una queja formal a las autoridades canadienses por la agresión que afectó a los integrantes de la selección chilena de fútbol Sub 20, sin pensar (o sospechar) que podía existir otra verdad, como efectivamente después se descubrió. A estas alturas lo ocurrido se podría catalogar como un “bochorno diplomático”, de los que hay varios otros ejemplos; la fracasada gestión (a pesar de la promesa del Presidente Lula da Silva), para deportar desde Brasil al escapado pederasta “Sakarach”, el que hasta hoy permanece sin cumplir su condena en Chile. Difícil de entender es que la Presidenta no quiera recibir en la Moneda al Dalai Lama, premio Nobel de la Paz 1989 (por presiones de China) o al juez español Baltasar Garzón (por presiones de la derecha) y sí pueda aceptar la visita del ex presidente español y compinche de Bush en la invasión estadounidense a Irak, José María Aznar. O, como hace pocos días, la Mandataria sostenga una enigmática audiencia con el Secretario de Defensa de EE.UU., jefe del Pentágono y de las políticas militares de esa agresión genocida en el medio oriente, Robert Gates, quien también visitó El Salvador, Colombia, Perú y Surinam (algunos de los pocos aliados de EE.UU. en la región). ¿Qué tiene que conversar este señor con el Gobierno chileno? Cómo comprender la actitud de la Presidenta al aceptar la invitación de W. Bush a sentarse a cenar con él, en el marco de su visita a la Naciones Unidas, solo unos días después de que se hicieron públicas las presiones de la Casa Blanca para que Chile apoyara su guerra (algo que ya se sabía). ¿No pudo disculparse amablemente, o realmente no le encuentra nada de malo?

Pero, la mayor crítica que se le puede hacer a la política exterior del actual gobierno es su indiferencia con el proceso de integración Latinoamericana, dándole un portazo a un sinnúmero de posibilidades extremadamente convenientes para todo Chile, en especial en los planos económico, social y cultural. Extrañamente, esto no es tema en el debate nacional.

Por años nos han vendido una imagen casi diabólica del Presidente venezolano Hugo Chávez, usando incluso epítetos racistas en su contra, sin embargo un acuerdo multilateral permitirá a Argentina y Brasil (y muy pronto Bolivia y Paraguay) recibir petróleo desde Venezuela a precios muy rebajados, gracias al Gasoducto del Sur, proyecto al que se podría unir nuestro país resolviendo así numerosos problemas, como el alto costo de los combustibles o posibilitando un menor costo en la generación termoeléctrica que conllevaría un ansiado abaratamiento de las tarifas eléctricas.

Por décadas nos han enseñado que, por ningún motivo, debemos negociar nuestra “soberanía” con Bolivia y nos automarginamos de la posibilidad de obtener el gas que ellos tienen disponible en abundancia para un siglo más, satisfaciendo de forma permanente la demanda de las cercanas empresas mineras del norte de Chile adonde, en definitiva, va a parar la mayor parte de la energía producida. Es más, inversionistas chilenos podrían invertir y ayudar a la industrialización de los hidrocarburos como requiere e incentiva el país vecino. Todos ganaríamos, inclusive la propia Presidenta Bachelet. Piénselo.

Radio Santa María, 11.10.07

MEGA DOCUMENTAL
Por: Carlos Pérez Alvarado

El día 20 de agosto fue presentado oficialmente en Coyhaique el documental “Mega represas, mega impactos, mega verdades”, realizado por la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia bajo la dirección de Marco Díaz Arancibia y guión del periodista Carlos Garrido quienes, en mayo de este año, recorrieron la provincia del Chubut en Argentina y la zona del Alto Bío-Bío registrando en terreno testimonios de gente afectada directamente por la construcción de grandes mega represas generadoras de hidroelectricidad.

En una hora de duración es posible conocer la inquietante realidad de los habitantes de Aldea Escolar, ubicada a unos 10 Kms. de la central hidroeléctrica Gral. San Martín, que embalsa el río Futaleufú, donde se ha registrado un notorio incremento en los casos de cáncer entre su población, que ellos atribuyen a las líneas de alta tensión que pasan sobre sus viviendas y que atraviesan más de 500 Kms para proveer de energía a la planta de aluminio Aluar en Puerto Madryn. En la central de 472 MW hoy sólo trabajan dos lugareños haciendo aseo.

La mayor parte del documental reúne numerosas denuncias de promesas incumplidas y diferentes formas de engaños cometidos por Endesa, antes de construir las mega centrales Pangue y Ralco (inauguradas en 1997 y 2004 respectivamente), especialmente con la comunidad pehuenche, la que se vio forzada a desplazarse desde sus tierras ancestrales, y revelando las precarias condiciones en que hoy se encuentran; según ellos, peor que antes de la llegada de la transnacional. Se incluyen valiosas voces de dirigentes y pobladores, entre ellas la inédita de Eduardo Cáceres Quintremán, hijo de Berta Quintremán, quien junto a su hermana Nicolasa se transformaron en el símbolo de la lucha en contra de Ralco.

Se exponen también las consecuencias que tuvo la decisión de Endesa (en julio de 2006), de abrir las compuertas de su central Pangue debido a la acumulación de agua lluvias en su embalse producto de los intensos temporales registrados en gran parte del país, lo que hizo subir el nivel del Bío-Bío inundando zonas hasta 100 Kms. río abajo y causando la muerte de una decena de personas, cientos de animales, la destrucción de viviendas y el temor permanente a que el fenómeno se repita. Hasta hoy Endesa desconoce su parte de responsabilidad en la tragedia. El documental se redondea con conmovedores mensajes, con ciertos aires de arrepentimiento e impotencia ante los hechos consumados entre los perjudicados, los que bien pueden interpretarse como una advertencia a nosotros, acá en la Patagonia, que todavía estamos a tiempo de impedir que esta idea se concrete y defender nuestra Reserva de vida.

Aunque podrían hacerse algunas observaciones técnicas menores, lo cierto es que ellas no tienen ninguna importancia frente al contundente contenido de los testimonios allí expresados. Otros críticos podrían echar de menos la otra cara de la moneda y acusarlo de parcial o poco objetivo, sin embargo la postura favorable, que sólo posee un par de argumentos, como una supuesta “crisis energética” o una indemostrable promesa de “desarrollo”, es bastante conocida y defendida implícita o explícitamente por sus partidarios desde diversos sectores del poder político, mediático y empresarial de Chile.

“Mega represas, mega impactos, mega verdades” es un documental orgullosamente regional, fidedigno y honesto, muy alejado de las prácticas comunicacionales y de propaganda basadas en falsedades como aquella del periodista coyhaiquino que en una publicidad radial afirma ser un ingeniero agrónomo, que siempre soñó con irse al norte a trabajar pero que ahora, gracias a las represas que Endesa-Colbún pretende construir en Aysén, podrá aportar su granito de arena al desarrollo de esta región. Ud. la escuchado, ¿no?

Si Ud. desea obtener una copia de este trabajo, acérquese con un DVD virgen a la Oficina de la Coalición Ciudadana, Horn 47-B Coyhaique, o la de Cochrane frente a su plaza de armas, y multiplique su urgente mensaje.

Radio Santa María, 04.10.07

AÑO TRAS AÑO
Por: Carlos Pérez Alvarado

Dependiendo del mes, sin ser adivino, uno puede anticiparse a las noticias que coparán la prensa nacional, sobre todo las que generan el periodismo santiaguino tremendamente centralista, al que poco le interesan los temas o problemas del resto de las regiones de Chile y que domina en la TV, los diarios y –en menor medida- las radios. Así, enero y febrero comienzan con los reportajes en las playas de la quinta región como Cartagena hasta donde llega la gente de menos recursos, o Reñaca, La Serena o Pucón, hasta donde se desplazan de vacaciones los capitalinos de clase media, o a los destinos internacionales como Argentina, Brasil o las playas de Centroamérica quienes pueden pagar mucho más o endeudarse por algunos años. Allá viajan las cámaras y grabadoras para mostrarle al resto de chilenos cómo o dónde pasar el asueto veraniego. Es la época en que menos escuchamos hablar de política y sus dirigentes aparecen en muy contados casos, lo que sí es un real descanso para todos.

En marzo la entrada a clases, el precio de los uniformes y útiles escolares, el mechoneo o las altísimas matrículas en las universidades y los primeros problemas de tráfico, agravados ahora con el desastroso plan TranSantiago que ha tenido un enorme impacto en millones de personas principalmente trabajadores que viven hasta 4 horas hacinados en esas micros dobles que apenas pueden doblar las esquinas de las calles, colman la agenda informativa mientras los políticos han reiniciado su eterna carrera presidencial y sus acostumbradas discusiones y disputas. En abril comienzan las lluvias y las primeras inundaciones en las poblaciones de la capital y desde mayo a agosto el invierno trae más precipitaciones (incluso nieve) agravando los problemas del tránsito y la contaminación del aire que respiran sus habitantes.

Y llegamos a septiembre, tal vez el mes más importante para Chile que comienza con las típicas manifestaciones relacionadas con el día 11 que recuerda el golpe militar de 1973 aunque, luego de 34 años y sin que se analice el fenómeno en profundidad, los que salen a la calle mayoritariamente ni siquiera habían nacido en esa fecha. Todo pasa al olvido con la llegada del “18” cuando chilenas y chilenos dejan de lado sus diferencias para celebrar un nuevo aniversario patrio, bailando cumbias o reggaeton y una que otra cueca entre asados, choripanes y vino tinto. La fiesta termina con la siempre brillante y aburrida Parada Militar en la que la primera autoridad nacional toma chicha en cacho y se exhiben nuevas adquisiciones armamentistas (como esos carísimos aviones F-16), y un balance record de muertos en accidentes. No tiene ningún mérito predecir que durante las próximas semanas se comenzará a exacerbar el espíritu familiar y consumista de la navidad y los acostumbrados resúmenes anuales que incluyen las metas conseguidas o frustradas de toda índole, para que todo vuelva a recomenzar.

Pero, aparte de las discusiones habituales y poco productivas entre los políticos pre-democráticos y repetidos de siempre, las denuncias de corrupción, nepotismo y demagogia, el tema que igualmente atraviesa la agenda informativa durante todo el año, y desde hace demasiado tiempo, es la aparentemente incontrolable delincuencia, que de un tiempo a esta parte ha comenzado a incluir personas que, ya no sólo en septiembre, salen a encender barricadas en las poblaciones de Santiago (y en algunos otros lugares de nuestro país) y a disparar armas de fuego que -oh, sorpresa- nadie había pedido controlar o requisar con anterioridad, y que terminaron con la vida de un funcionario de Carabineros que intentaba –según se nos informa- repeler las acciones de estos peligrosos delincuentes, narcotraficantes o “terroristas” que sólo pretenden desestabilizar la marcha de nuestro país hacia el desarrollo, la modernidad y la bendita globalización.

Considerando sólo el periodo de vuelta de la democracia, de enero a diciembre, año tras año, entre tanta noticia previsible cuesta mucho encontrar voces que asocien estos niveles de inseguridad ciudadana (inventados o reales) a los efectos que tiene una de las peores cifras de desigualdad en la distribución de la riqueza del mundo y que es consecuencia de este modelo de desarrollo que tanto el poder político como los medios de comunicación nos están vendiendo como único e irrenunciable.

Así, cuando se proponen 14 nuevas medidas para enfrentar el fenómeno, que no consideran planes sociales de rehabilitación, de integración o de participación ciudadana que apunten derechamente a mejorar ese vergonzoso indicador sino más bien a nuevos y más programas de represión, es posible que los próximos años dejen de ser tan predecibles como los anteriores.

Radio Santa María, 27.09.07