LIBERACION DIGITAL
Por: Carlos Pérez Alvarado

Teóricamente un día cualquiera personal de una ciber brigada se puede aparecer por su casa para preguntarle si tiene un computador, y si lo tiene, consultarle a continuación cuál es el sistema operativo que utiliza, es decir, el programa que permite que su equipo realmente funcione. Si Ud. le dice “Windows”, el fiscalizador le pedirá que le muestre el certificado de la licencia que confirma que efectivamente Ud. pagó por usar ese producto y -por el contrario- no tiene cargada una versión pirata del mismo, en cuyo caso podría ser multado fuertemente.

Por supuesto esto es muy difícil que llegue a ocurrir debido a que esas brigadas, que buscan hacer cumplir la Ley, deben estar interesadas en delitos más graves como la distribución de material ilícito por la red o en la caza de los llamados “hacker” que causan innumerables problemas en todos los niveles del mundo computacional. En realidad cumplir totalmente con la misión de asegurarse que nadie esté estafando a Microsoft, la gigantesca empresa creada por el “genio” estadounidense Bill Gates y que busca que no se vulneren los derechos de propiedad intelectual de su hegemónico invento de las ventanitas, es imposible.

Como el gobierno debe dar el ejemplo, algo tan irregular como un Windows pirata instalado en el computador de una oficina pública sería impresentable, por lo que cada uno de los equipos debe contar con las licencias de Microsoft totalmente en regla. Por supuesto, esa autorización tiene un precio; unos 50 mil pesos en el caso de un cliente particular y que actualmente viene falsa y mañosamente incluido como “gratis” al momento de comprar un computador. En el caso de las oficinas del Estado (con escasas excepciones como el Instituto de Normalización previsional, INP), se han establecido acuerdos con la transnacional no sólo para utilizar ese sistema operativo en los escritorios de la mayoría de sus servicios sino para que ésta desarrolle y provea de otros programas o aplicaciones con los que funciona su aparataje y cumplir así con sus obligaciones y compromisos con la población.

Según algunos estudios, el Estado podría ahorrarse –al menos- unos 12 mil millones de pesos en pago de patentes y licencias, si optara por utilizar otras alternativas a Windows, que están disponibles y que son absolutamente gratuitas. De hecho, muchos países, como China, India, Brasil, Venezuela y otros, han adoptado resoluciones en este sentido y sus computadores están migrando al concepto conocido como “software libre” que, muchas veces, funciona mejor, ocupan menos memoria y está menos expuesto a ser afectado por los dañinos virus los que, en sí, son otro negocio en el que a Bill Gates se le acusa de estar implicado.
En mayo de este año, sin ningún tipo de consulta o debate ciudadano y con la –sin duda- noble iniciativa de impulsar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), Microsoft, el Ministerio de Economía y ChileCompra (este último, sistema adquisiciones estatal por internet también desarrollado por Microsoft), establecieron un acuerdo marco para facilitar el acceso y la adopción de herramientas “que mejoren las capacidades de gestión” de aquellas iniciativas empresariales, el cual contiene cláusulas que pueden poner en riesgo la privacidad de las personas en Chile al permitirle acceder a la información que manejan muchos servicios, incluido el Registro Civil.
Sin concurso público y de forma muy poco transparente la medida originó protestas en distintos frentes, comenzando con una intervención y denuncia del Senador Alejandro Navarro en el Congreso y la creación de un movimiento auto denominado de “liberación digital”, que nació y se sigue fortaleciendo a través de internet, que busca evitar que el gobierno persista en seguir amarrándose a las condiciones contractuales que impone el gigante de la computación mundial y que sólo contribuyen a seguir aumentando la fortuna de Bill Gates, que lo han convertido en el hombre más rico del planeta, en lugar de destinar esos dineros a otros fines.
Una excelente forma de comenzar a rechazar este tipo de acuerdos, extensivos a muchas otras áreas de la economía nacional, celebrados a espaldas del país, igual como si estuviéramos en tiempos de dictadura.

Radio Santa María, 02.08.07