¿HASTA CUÁNDO?
Por: Carlos Pérez Alvarado

Hace unos 20 años tener un teléfono en una casa en Coyhaique o en Puerto Aysén era tremendamente difícil debido a que el trámite para conseguir uno era muy largo, engorroso y caro. Por su parte, para las localidades rurales del interior contar con ese útil y primordial medio de comunicación que, entre muchas otras importantísimas prestaciones puede contribuir a salvar vidas, era prácticamente impensable.

A pesar de contar con una cobertura mucho más expandida, por ese tiempo la situación en el resto de Chile no era muy diferente; reinaba la antigua Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), empresa estatal sumamente burocrática e ineficiente que mantenía en una condición de retraso tecnológico del servicio a todos los usuarios de las regiones donde operaba. En Aysén funcionaba una empresa filial, más pequeña e independiente que con recursos del Estado nunca fue capaz de satisfacer la creciente y justificada demanda local.

Después vino la privatización de la CTC, en medio de la fiebre enajenadora de empresas públicas desatada durante el régimen de Pinochet, a la que se agregaron otras como Entel-Chile, que comenzaron a competir entre ellas y a participar del mercado nacional junto a la nueva CTC (que fue comprada por empresarios españoles) y otras nuevas compañías, realmente revolucionaron esta forma de comunicación con sus variadas ofertas, escenario desconocido hasta esa época. A través de esta fórmula (en todo Chile y sin que nos diéramos cuenta, o tuviéramos oportunidad de discutir la medida) otro servicio básico, que necesitamos todos por igual, también se transformó en un negocio.

Al poco tiempo estas nuevas políticas llegaron a beneficiar también a nuestra región y mucho más gente pudo acceder –por fin- a un aparato de teléfono, esperado por tantos años. La competencia hizo que los costos de instalación bajaran hasta llegar a cero y en la capital regional, el vecino Puerto Aysén y en unas pocas partes más, los teléfonos fijos residenciales proliferaron (algo muy parecido a lo que hoy está sucediendo con la telefonía móvil).

A pesar de todo ello, extensas zonas y la mayoría de los pueblos y villas de nuestra región, afectados en gran medida por las condiciones geografías y de aislamiento (que a su vez redundan en obstáculos de factibilidad técnica), en pleno siglo XXI siguen sin poder usar este viejo invento del siglo XIX. Se trata, sin duda, de un problema de financiamiento; resulta demasiado caro para esas empresas resolver esas dificultades y no pueden (o simplemente no quieren) asumir las acciones necesarias para llevar a El Blanco, La Tapera, Villa Amengual, Tortel o Puerto Bertrand, un servicio de telefonía residencial o móvil que conecte a su gente con el resto del mundo, como legítimamente merecen y como lo amerita la tecnología digital de “ciencia ficción” que está hoy disponible en el resto del país y del mundo. A menos que exista el espíritu filantrópico de algún multimillonario, sigue siendo más fácil comunicarse con Villa O´Higgins que con Ñirehuao o Villa Ortega aquí, a no más de 30 kms. de Coyhaique.

Es cierto, la privatización de la telefonía en Chile ha permitido que muchísimos más chilenos cuenten con un aparato de teléfono en sus hogares o un celular en sus manos, pero eso ocurre sólo donde el mercado, es decir el número de potenciales clientes, le asegura a esas empresas las ganancias correspondientes, que no son pocas, más aún cuando además se les permite el uso de prácticas abusivas en sus cobros. El Estado no sólo no asume integralmente esta responsabilidad, sino que tampoco puede obligar a esas compañías a perder dinero.

Se configura de este modo otro ejemplo en donde el sistema privado no funciona (o derechamente no sirve) por igual a toda la población de nuestro país y eso continuará siendo así mientras no cambiemos un modelo económico que postula y favorece que un servicio básico como el de la telefonía sea sólo responsabilidad de los privados.