PRIMER ERROR
Por: Carlos Pérez Alvarado
La directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), Carmen Fernández, afirmó textualmente el día 15 de abril que el fenómeno sísmico que afecta a la región de Aysén "está en retroceso". Pero, a pesar que en la misma ocasión también dijo; "aunque (la noticia) la percibimos como promisoria, no nos queremos generar falsas expectativas", la frase que finalmente tituló la prensa regional y nacional ese día fue la primera.
Independiente de la interpretación que podrían tener sus palabras, especialmente entre las personas afectadas por el sismo, pienso que ella jamás debió -ni siquiera- haber insinuado la posibilidad de un término definitivo de estos movimientos. Así como hasta el momento nadie ha podido predecir la ocurrencia de un terremoto (en ninguna parte del mundo), tampoco nadie está en condiciones objetivas de descartar esa posibilidad, u otra que parezca todavía más lejana, como un maremoto o una erupción volcánica.
Desmentida por los hechos, la Sra. Fernández debió haber asumido su error y renunciar de inmediato a su cargo. Ello no ocurrió y, por el contrario, fue ratificada por la Presidenta Bachelet y respaldada por diversos dirigentes de los partidos políticos en el gobierno, a la vez que era criticada duramente por la oposición. La primera y más importante consecuencia de esta decisión, no sólo afecta a la comunidad sino que al propio gobierno y tiene que ver con el absoluto divorcio que existe –hasta hoy- entre la gente de Aysén y el organismo que ella dirige, tanto así que durante sus últimas visitas a terreno no ha sido factible verla compartiendo con la gente y sus dirigentes, como presintiendo el alto nivel de rechazo a sus dichos entre la población.
Si la directora de ONEMI no tenía intenciones de dimitir, debió ser la Presidenta Michelle Bachelet la que le solicitara abandonar tan importante cargo y proceder a nombrar a otra persona para sustituirla. Con esto hubiese conseguido un nuevo trato con la comunidad, una nueva oportunidad para conversar, reconocer las fallas y rectificar las políticas de acción en esta situación de emergencia. Probablemente una medida como ésta también hubiera impedido las bochornosas manifestaciones de descontento que sufrió la Mandataria cuando arribó a la zona.
Una vez más parecen haber primado los intereses políticos por encima de lo que resulta más conveniente para la gente; como el no darle la razón a la oposición o aceptar que el Alcalde de Puerto Aysén Oscar Catalán tenía razón en sus críticas contra la funcionaria en cuestión. Tal vez primó el hecho que “políticamente” no es conveniente para un gobernante demostrar debilidad ante la opinión pública y la oposición, o sencillamente es una demostración de la enorme influencia de los partidos en sus decisiones, o la incompetencia de sus asesores.
Como ha ocurrido en casos similares, algunos creen que tal decisión ya está tomada pero que se va a concretar recién en los próximos meses, algo que no sirve de consuelo mientras el tiempo siga transcurriendo y la incertidumbre sobre los verdaderos riesgos que están involucrados y los planes de contingencia que debieran estar preparados en este caso, continuarán.
De cualquier forma el Gobierno desperdició una buena oportunidad para revertir las críticas y salir fortalecido de esta situación que terminó en catástrofe, con tres personas fallecidas y siete desaparecidas. De igual manera la comunidad de Aysén continúa sin poder establecer un diálogo fructífero con quienes debieron asumir un papel protagónico en estas circunstancias.

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