¿A DÓNDE VAMOS?

Parece notorio que en el último tiempo asistimos a un incremento en las denuncias de corrupción e inoperancia del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cuando recién acaba de cumplir un año en La Moneda. Los problemas en Chiledeportes se eclipsaron casi totalmente con el verdadero desastre en que se convirtió el Plan Transantiago, entre medio de varias otras “embarradas”. Aunque a la Mandataria y sus colaboradores les cueste aceptarlo, en muchas ocasiones objetivamente queda la impresión de que cometen enormes yerros, o como se diría popularmente hoy; “guatean”.

No se trata, claro, de un fenómeno que sea patrimonio sólo de Santiago y su administración centralista del poder; en Aysén también ocurren –a escala- situaciones que contribuyen a “regionalizar” estos vicios, como lo son los contingentes casos de las biopsias extraviadas y el supuesto mal uso de las casas fiscales. No es fácil saber si existen acusaciones similares ventilándose en otras regiones de Chile, de las cuales perecemos tan desconectados, pero –en definitiva- todo esto contribuye a mermar no sólo el apoyo a la Presidenta y a su coalición gobernante, sino que también a la propia oposición y al sistema político.

¿Cómo entender que un problema con características de negligencia se va a tener que replantear y refinanciar con recursos que pudieron tener un mejor destino, incluyendo un estudio previo de impacto ambiental, social, urbanístico y de ingeniería que podía provocar esta verdadera “revolución” en el transporte público de Santiago, en palabras de sus (ahora) escabullidos ideólogos? ¿Cómo se le puede explicar a la población de nuestra región que Chiledeportes (ni nadie más) haya podido resolver el problema de financiamiento que impidió –por tercera vez- el viaje de una delegación de esgrimistas a una competencia nacional en la capital, cuando está demostrado que en ese mismo organismo estatal, que debería estar para atender estos asuntos, se desviaron ilegalmente recursos de todos los chilenos para financiar campañas políticas? ¿Acaso no se está contribuyendo así a empeorar la imagen general del sistema político que nos rige?

Sin ninguna duda no está bien generalizar; no se puede afirmar tan livianamente que “el gobierno” y su burocracia asociada es corrupta o ineficiente porque sería moralmente inaceptable que la mayoría de la gente, chilenas y chilenos que trabajan en el aparataje del Estado y que incluye personas de todas las tendencias políticas, roba o recibe coimas, o que casi todos sus servicios y sus jefes no cumplen con la obligación de servir a sus ciudadanos.

Obviamente no es así.

Es cierto que un caso determinado, cada vez menos aislado, sobre todo si tiene ribetes de gravedad, se transforma de inmediato en una crítica más a la que puede recurrir la oposición y obtener así las ventajas electoralistas de rigor (con poco éxito a decir de las últimas encuestas). Tampoco le beneficia que casi la totalidad de los medios de comunicación nacionales estén en manos de reconocidos empresarios de derecha desde donde se difunden y masifican esas críticas, amplificadas y sin contrapesos.

Pero las condiciones así lo permiten, así se consensuó a principios de la vuelta a la Democracia y estoy seguro que si los problemas que hoy tiene el Transantiago los hubiera ocasionado un gobierno de derecha, el enojo de los usuarios sería el mismo y las acusaciones de la Concertación –en la oposición- serían similares. Ante cualquier denuncia de irregularidad por parte de algún funcionario de la UDI o de RN a cargo de la administración estatal, las peticiones de renuncias y los llamados formar comisiones investigadoras no serían diferentes a los que escuchamos hoy día.

En lugar rechazar las denuncias y los serios cargos que se le imputan el actual gobierno, y también la oposición, que por esencia parece estar en contra de todo lo que hace o propone su contraparte, debieran hacer esfuerzos por volver a prestigiar la política, la democracia y la participación ciudadana antes de que llegue a ocurrir lo sucedido en Argentina en diciembre de 2001 cuando al grito de “Que se vayan todos” decenas de miles de impacientados trabajadores espontáneamente salieron a las calles a reclamar por la falta de legitimidad que había alcanzado el poder nacional. Todo, desde el gobierno hasta la oposición.

Aunque parezca lejano, conviene tener presente.