PELIGRO
Por: Carlos Pérez Alvarado

Una de las principales críticas que la oposición de derecha le hace al gobierno de la Concertación es el bajo crecimiento económico que ha experimentado la economía chilena el año 2006 (4.2 %), lo que está muy lejos de los niveles que se registraron en la década de los 90, cercanas al 7% en promedio. Es obvio que la máxima autoridad del país no puede ordenar que la economía crezca una cifra X, puesto que ella está determinada por un montón de factores nacionales e internacionales, entre los cuales hay algunos en los que sí puede influenciar en menor o mayor grado, como las facilidades o las dificultades impuestas a las empresas privadas y las modificaciones que pueda hacerle al modelo económico.

Se supone que la derecha es aún más partidaria del modelo neoliberal que impera hoy en Chile que la propia Concertación y las medidas que pondría en práctica para aumentar ese crecimiento con seguridad serían flexibilizar todavía más las leyes laborales, bajar o hacer desaparecer el sueldo mínimo o cualquier otra iniciativa que permita hacer ganar más dinero a las empresas privadas, sobre todo las más grandes, y así hacer “crecer” al país entero (la antigua teoría del “chorreo”). Según esta lógica si éstas crecen, toda la economía crece y toda la población de nuestro país se ve así beneficiada. Los gobiernos de la Concertación en realidad son los continuadores de las políticas implementadas durante los últimos años del régimen de Pinochet y se suponía que con ellas íbamos a alcanzar el desarrollo para el Bicentenario de nuestra independencia el año 2010. Otras visiones hoy día son impensables o “equivocadas”.

Sin embargo, si esto fuera realmente así entonces cómo es posible que Venezuela y Argentina hayan liderado esas tasas, con más de 7.5% cada uno, muy por encima de lo que creció Chile y cuyas economías van en la dirección totalmente contraria a la que conducen hoy el Ministro de Hacienda y la Presidenta Bachelet. Mientras en esos dos países (y varios otros) se vive un proceso de renacionalización de empresas y se establece un control más fuerte del Estado en todos los ámbitos, en Chile prácticamente no queda más por privatizar. De hecho el gran problema actual del gobierno –el TranSantiago- es un plan basado en la privatización del transporte público, no sólo de la capital, sino que de todo el país. La privatización de la gran minería del cobre ha permitido que las empresas transnacionales dupliquen lo que ganó Codelco (que retiene -por suerte- un tercio de la producción) y se lleven ese dinero fuera del país. La privatización del agua permite que corporaciones extranjeras vengan sin restricciones a hacer negocios con nuestros recursos naturales, acá en Aysén. Nosotros tenemos una economía neoliberal y ellos una socialista.

A un año de iniciado el gobierno de Michelle Bachelet todavía no hay Superintendencia ni Ministerio del Medio Ambiente, tampoco se ha hecho realidad su mentada reforma previsional y -mucho más grave- todavía no ha podido reformar el sistema electoral binominal, nefasto y antidemocrático, entre otras promesas no cumplidas cuando ya ha consumido un cuarto de su mandato. Si la Presidenta Bachelet además continua ignorando lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica y rechazando el proceso de integración en el que se encuentran empeñados esos países, su gobierno corre el riesgo no sólo de seguir creciendo con modestas cifras sino que de aislarse peligrosamente de la gente y sus demandas, las que claramente no resuelven los privados, con más o menos privilegios.