SERVICIO O NEGOCIO
Por: Carlos Pérez Alvarado

Durante la mayor parte de la historia, la electricidad fue un servicio que el Estado prestaba a la población de nuestro país a través de su principal empresa Endesa. En regiones extremas, como la de Aysén, la electrificación a través de montañas sin caminos, bordeando lagos o cruzando ríos, fue el resultado de esfuerzos mayores (pero siempre insuficientes) que la administración debió asumir, dadas las especiales características geográficas y climáticas de un territorio inexplorado e inexplotado. Lógicamente, no era -ni es- barato producir, distribuir y comercializar la energía eléctrica para el consumo domiciliario (más aún el industrial) en regiones como la nuestra. En todo caso en Chile la tarea de llevar hasta los hogares, oficinas, talleres y fábricas la electricidad necesaria para echar a andar nuestro país la emprendió, por décadas, el Estado. Así como (todavía) se asignan fondos para construir caminos, también se consideraba un ítem en el presupuesto nacional para realizar nuevas inversiones en infraestructura energética. El Estado, como sabemos, se financia con nuestros impuestos, pero los usuarios retribuíamos en parte el servicio brindado pagando la respectiva cuenta de la luz en una oficina donde los cajeros eran funcionarios públicos, así como el personal administrativo y técnico de la empresa.

Ahora la electricidad es un negocio, así se decidió en los descuentos del régimen de Pinochet. La operación consistió en dejar en manos privadas un servicio que de pronto pasó a ser una “carga” que el Estado no estaba dispuesto a seguir soportando, más aún cuando están disponibles los privados que podrían hacerlo mucho mejor (un discurso repetido por última vez con el TranSantiago). En teoría esto iba a significar una mayor cobertura y mejores servicios, además de nuevas inversiones en centrales, mientras los consumidores sólo tendríamos que pagarle la cuenta a una empresa privada, en lugar del Estado. En la transacción, de yapa, se incluyeron gratuitamente los derechos de aprovechamiento de las aguas, algo inédito en el resto del mundo.

En tal escenario, inmodificable y más bien profundizado durante los gobiernos democráticos, nos encontramos con un “Plan Aysén”, concebido por Endesa-Colbún. Sus represas se justifican económicamente sólo si pueden (o les permiten) producir más de 2.500 MW, por lo tanto no existe ninguna finalidad filantrópica como dotar de luz eléctrica a la gente de La Tapera o Puerto Edén, menos aún está ideado como parte de un proceso de desarrollo energético integral de nuestro país, sino que desde el punto de vista meramente financiero; primero debe financiarse y después generar ganancias (basta ver los balances de las empresas del rubro para constatar que el negocio es más que bueno). Así también llegamos a conocer casos como el de Xstrata, la empresa minera suiza, dueña del proyecto de represa en el Río Cuervo, que presenta un Estudio de Impacto Ambiental para producir energía hidroeléctrica con lo que le sobró del proyecto Alumysa, cuando todavía no se sabe de qué forma ella va a ser transportada hacia el norte del país; ése no es su problema. Más bien ése es otro negocio.

¿No podríamos volver un poco atrás?