¿EXIGIR QUÉ?
Por: Carlos Pérez Alvarado

Desconozco las cifras de sus balances contables, para saber si son o no son rentables, sin embargo en el caso de las empresas navieras que operan en nuestra región transportando vehículos de carga y pasajeros, lo obsoleto de sus naves y el deficiente servicio que prestan puede deberse solo a dos razones; la primera es que los dueños de Navimag (que cubre el itinerario Puerto Montt-Puerto Chacabuco) o de Mares del Sur (que hace lo propio entre Puerto Ibáñez y Chile-Chico), a pesar de que ganan muchísimo dinero no quieren invertir en nuevas embarcaciones, como lo desean y necesitan sus usuarios, porque sencillamente no les da la gana. La segunda posibilidad es que el negocio realmente apenas se sustenta, o bien trabajan a pérdida y por lo tanto objetivamente no están en condiciones de reemplazarlas. En ambos ejemplos el Estado contribuye con subsidios, lo que no significa comprometer a esas compañías a mantener una operación comercial que no les resulta lo suficientemente lucrativa como para estar realizando constantes inversiones en mejoras. Al parecer lo más probable es esto último, ello explicaría porqué la empresa que operaba un rápido y cómodo catamarán (Aysén Express), a pesar de esa contribución estatal, abandonó la ruta que hacía a la capital de la décima región. Por lo mismo, tampoco se tienen noticias de nuevos proyectos privados que cubran alguna de esas rutas.

He Escuchado a dirigentes de la organización “Aysén por Aysén” hablando de “exigirle” a la empresa naviera Magallanes que mejore su servicio de transbordadores entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco que, como sabemos, al igual que la barcaza El Pilchero en el Lago General Carrera, experimentan problemas mecánicos que impiden un servicio con las más mínimas comodidades e incumplimiento de horarios. Muchas de las personas que integran la directiva de esa corporación de desarrollo son empresarios y como tales debieran saber que nadie le puede decir a un privado cómo debe hacer su negocio. Si el Estado obligara a cada comerciante a optar por una determinada infraestructura para prestar cualquier servicio, éste tendría que evaluar si en tales condiciones su negocio es rentable o no. Si esas obligaciones se establecen antes de desarrollar la iniciativa habrá tiempo para arrepentirse de invertir en una idea destinada al fracaso. Pero si las nuevas normas se imponen cuando el negocio o servicio se encuentra en plena marcha, no hay dudas de que se trata de un caso flagrante de cambio en las “reglas del juego”. Una contradicción más horrorosa aún en el modelo de economía vigente.

No hay nada que exigirle a los privados, lo que hay que exigir es que el Estado, administrado por ahora por la Concertación por la Democracia, asuma una responsabilidad vital como lo es el transporte marítimo en Aysén, revocando una medida tan neoliberal como la de privatizar Transmarchilay en 1999. En tal escenario jamás veríamos a la primera autoridad regional dando explicaciones por los retrasos que Mar del Sur tuvo para concluir las reparaciones en los motores de impulsión y las hélices de su anticuada barcaza (en operaciones desde 1973), sino que velar para que nadie tenga que experimentar el lado más duro del aislamiento al que nos enfrentamos absolutamente todos en la región de Aysén. Un primer paso positivo me parece que ex funcionarios, que mientras fueron autoridad jamás se refirieron a este asunto, reconozcan ahora la necesidad de una mayor implicancia del Estado en esta materia. Es cosa de aunar fuerzas para el cambio, mejor todavía si a esta demanda se suma “Aysén por Aysén”.