¿CUÁLES ALTERNATIVAS?
Por: Carlos Pérez Alvarado

Querámoslo o no, los grandes temas de Santiago terminan siendo asuntos de importancia nacional; chilenas y chilenos indistintamente de Arica o de Puerto Cisnes, sin que nos afecte directamente, tenemos que enterarnos de los reclamos que han surgido respecto del alza de tarifas que aplicarán las empresas transnacionales concesionarias de las flamantes autopistas urbanas que atraviesan la Región Metropolitana. Nos enteramos que dicha alza estaba previamente acordada entre esas empresas y el Estado chileno y según ello no habría nada más qué hacer. ¿Es que no lo sabían? Eso fue hace mucho tiempo, mientras gobernaba don Ricardo Lagos. Además se comenzarán a cobrar tarifas de “saturación”, lo que es una verdadera contradicción vital con la finalidad inicial de estas vías, que era resolver el eterno problema de congestión vehicular en la capital.

Tengo la impresión de que para la mayoría inmensa de nosotros estos acuerdos nunca fueron noticia, o sea, casi nadie lo supo. Estaría en el recuerdo si, por el contrario, no sólo este aumento en los precios sino que toda la iniciativa de privatizar –en la práctica- las calles de Santiago hubiese sido plebiscitado entre la gente que iba a verse afectada. Recuerdo otra polémica santiaguina en la cual el Alcalde de Las Condes justamente llamó a un plebiscito para aprobar o rechazar el cierre de una avenida de su comuna (ganó el cierre). El mismo gobierno se opuso y vetó esa idea argumentando que no se puede impedir el libre tránsito de vehículos en ninguna parte del país, lo que también es totalmente incongruente con obligar a la gente a usar un servicio que antes no existía; el de las autopistas urbanas concesionadas (AUC).

Entre medio de la polémica aparece nuestro conocido Ministro de Obras públicas, Eduardo Bitrán afirmando que los usuarios, si no quieren pagar, pueden usar rutas alternativas y gratuitas, las que después no pudo demostrar que existían en el 100% de los casos. En términos estrictos un Ministro que está para velar por los intereses del Estado de Chile no tendría porque dar explicaciones de este tipo (y sin base), ni sus funcionarios debieran actuar como relacionadores públicos de esas empresas privadas. Por el contrario, su deber es velar para que la ciudadanía pueda elegir libremente si desea o no pagar por transitar por las calles y caminos de su país. De paso, debieran informarnos correctamente sobre cuáles son las vías alternativas que tiene un conductor para viajar entre Puerto Montt y Santiago, si no es por la ex Carretera Panamericana en la que se deben pagar 12 peajes.

No se trata de estar en contra de que participen los privados en la solución de los problemas viales de Chile, sin embargo, como cualquier aysenino, me imagino que si en el futuro el gobierno de turno decidiera licitar internacionalmente la construcción de una “Supercarretera Austral” de doble vía, con teléfonos cada un kilómetro, sin caminos que la atraviesen, teniendo que pagar por ello, probablemente sería prudente que se le consultara a la población si es que está o no de acuerdo, o bien se le permita imponer condiciones mínimas como la de contar con una efectiva ruta alternativa, evitando el traspaso íntegro del actual trazado (construido con fondos aportados por décadas por todos los chilenos) y lucrar de un negocio como este, que perfectamente puede ser legítimo si en realidad dispongo de más de una opción. Peor aún si más encima la “letra chica” del contrato permite aplicarles a los conductores cautivos, alzas de tarifas no esperadas o conocidas. Aunque las AUC es un tema centralista por esencia, sí nos permite entender la forma en que muchas veces se legisla o se actúa más bien en favor de las grandes empresas que en beneficio de los sufridos consumidores, que deberán esta vez agregar nuevos gastos a sus cuentas de la luz, el agua, el gas, el celular o las tarjetas de las multitiendas. Así funciona el sistema, y no debería ser así.