CONCEPCIÓN
Por: Carlos Pérez Alvarado

El Director del prestigioso centro de investigaciones ambientales EULA, de la U. de Concepción, Oscar Parra, afirmó que el culpable por el desastre que provocaron las recientes inundaciones en la VIII región es el Gobierno a través de organismos como la Conama que autoriza permisos de edificación a las empresas constructoras sin ninguna consideración de impacto ambiental. En la capital penquista, por el lado del río Andalién, se construyó un “megaparque” habitacional llamado “Parquenoble” lo que significó rellenar amplios sectores de la cuenca hidrográfica de ese río que con los intensos temporales que azotaron a la zona, impidieron el natural curso de las abundantes aguas, provocando su desborde y sus lógicas consecuencias. Cero previsión, cero conciencia, ningún plan de emergencia preparado con antelación.

Por el lado del río Bío-Bío, probablemente Endesa nunca vaya a reconocer que liberar parte de la carga en sus represas de Ralco fue la causante de las inundaciones que llevaron a la muerte de dos pequeñas hermanas de Nacimiento. Ellos, con haber dado aviso de la maniobra con tres horas de anticipación se consideran con el deber cumplido, no importándole ni a Endesa ni a los organismos competentes si existe o no un plan para enfrentar la catástrofe que se viene. Se ha denunciado que el sector Collao, que debió soportar más de un metro de aguas lluvias revueltas con aguas servidas en los hogares fue intencionalmente abandonado por constituirse en barrios de gente retirada de la FF.AA. y –en cambio- la poca asistencia recibida provino desde la Municipalidad, en manos de Jacqueline van Rysselberghe de la UDI. De cualquier forma, los residentes de Collao, Los Lirios, el valle Nonguén o la Población El Huáscar están indignadísimos y han instalado carteles de protesta en lo que quedó de sus viviendas y enseres y se organizan para entablar demandas y querellas a quien corresponda, lo que refleja una actitud más decidida a la hora de exigir que se cumplan sus derechos y entender de manera más clara las causas que provocan este tipo de emergencias que se repiten año tras año, pero cada vez con mayor intensidad. Si en 2002 el agua llegó hasta el segundo peldaño de la escalera, este 2006 llegó hasta al octavo.

Extrañamente (o tal vez no), el manejo mediático de la situación de catástrofe vivida en la región del Bío-Bío es muy cercana a la desidia. Ningún canal de TV de cobertura nacional mostró los altísimos niveles de descoordinación entre las autoridades locales, principalmente desde la intendencia. Sólo un canal de Concepción mostró al Alcalde de Tomé (D.C.) criticando al ex Ministro Andrés Zaldívar por su mal desempeño durante la emergencia, a lo que la Intendenta María Soledad Tohá (más Tohás) le replicó que; “si no le gustaba como trabajaba el Gobierno se cambiara a la oposición”; una verdadera joyita que se perdió el resto del país. Tampoco hubo interés en informar cómo la población de Hualqui salió en masa a protestar contra Endesa y sus represas frente a la Intendencia Regional. Una de las peores inundaciones en 30 años mantiene todavía a muchas personas de brazos cruzados y a la Biblioteca de la Universidad del Bío-Bío con un daño similar al incendio de Alejandría (guardando las proporciones). Si se inundaron hasta los presos de la atestada cárcel de El Manzano, y eso que la delincuencia era tema del debate público.

Cada cierto tiempo en otras regiones de Chile se viven emociones muy parecidas a las que cada año sentimos ayseninas y ayseninos, producto del centralismo administrativo y mediático marcado a fuego todavía en nuestro país. Los afectados por este verdadero cáncer no somos sólo nosotros, acá en la fría Patagonia. Me consta.

(Co-escrita con César Pérez Alvarado, desde la filial capital penquista)

OLOR A GAS
Por: Carlos Pérez Alvarado

Muchas repercusiones han tenido las dos medidas adoptadas por el gobierno argentino y que nos afectan directamente como país y como región. La primera dice relación con el aumento del precio del gas que esa nación le vende a Chile, en su mayor parte para uso industrial y una pequeña cantidad para consumo domiciliario a través de empresas de distribución privadas como Metrogas S.A. La segunda tiene que ver con la obligación que tendrán las estaciones de servicio situadas en las zonas fronterizas de cobrarle a los vehículos chilenos un precio similar al que pagamos acá en Chile por la bencina (el doble). Sin duda ambas iniciativas resultan ser bastante antipáticas, sin embargo muchas de las reacciones que escuchamos de algunas autoridades, políticos o empresarios, me parecen muy poco consistentes. Aparte de las opiniones de la gente que ha llamado al conocido y siempre populista e impracticable boicot de productos argentinos, o a responder con medidas similares, es decir, cobrándoles más por la comida, por los taxis o por la artesanía que compran los turistas (como si esto ya no ocurriera, no sólo con los argentinos), habría que tener en cuenta nuestros propios errores en cuestiones de relaciones comerciales y diplomáticas con nuestros vecinos.

Durante el gobierno de Eduardo Frei R-T, con el apoyo de toda la derecha y concertación, se firmaron los acuerdos del gas con Argentina, un pésimo negocio rubricado por los presidentes Frei y Menem, que no se sustentaba en el tiempo debido a que no estaban aún claras las reservas del recurso ni las políticas de inversión en esa industria, situación agravada posteriormente por la crisis institucional que vivió el país trasandino. El recién llegado presidente Kirchner decidió bajar el precio del gas domiciliario para alivianar la carga económica sobre las familias, lo que incrementó el consumo interno y perjudicó los envíos a Chile. Aunque casi nunca se dice, Argentina invoca ese mismo documento para priorizar el consumo interno en lugar de sus exportaciones (Art. 2do. del protocolo), así se estipuló y así se firmó.

Luego de nacionalizar sus hidrocarburos (algo inaudito en Chile), Bolivia se dio cuenta que el precio de comercialización de su gas era muy bajo y lo subió a un valor más real; de 1,8 a 5 dólares el MM de BTU, tanto a Argentina como otros países. Argentina que pasó de ser vendedor a comprador de gas natural, estaría traspasando el aumento del precio a nuestro país subiendo el valor hasta los 3,4 dólares el MM de BTU. Consideremos que Metrogas, que compraba a 2,2 dólares, vende el producto puesto a domicilio nada menos que en 24 dólares por lo que queda claro que continuar traspasando los aumentos hasta llegar a los consumidores en los hogares sería un verdadero descaro y por eso el gobierno llama a esa empresa a “absorber el alza”. Metrogas, dicho sea de paso, ha sido un reconocido financista de campañas políticas de ambos bandos hegemónicos de la política en Chile.

Entre otras soluciones “de parche”, durante el gobierno de Lagos se habló de traer gas natural licuado desde Indonesia y para ello se iban a construir tanques especiales en nuevos puertos, sin embargo aún sigue haciendo falta una verdadera política energética, que necesariamente pasa por una más efectiva integración con el resto de Latinoamérica, que no podría evitar ese ajuste en los precios, pero sí permitiría hacer conversable una idea tan impopular como aquella de subir la bencina en la frontera. Aquellos que rasgan vestiduras por el “doble discurso” de Kirchner sobre integración muy poco han hecho por acercar a nuestros pueblos, manteniéndonos alejados de acuerdos regionales como el Gasoducto del Sur (que llevará petróleo barato desde Venezuela a Brasil, Bolivia y Argentina), o que han privilegiando el orgullo patriotero en lugar de sentarse a conversar con Bolivia, por mutua conveniencia, la posibilidad real de obtener ese gas que nos hace falta.

PERO; ¿POR QUÉ?
Por: Carlos Pérez Alvarado

No cabe duda que el tema de debate público actual es la delincuencia, aunque para la mayoría de la población chilena más le suenen frases del tipo “la proliferación de la delincuencia”, “el preocupante aumento de la delincuencia”, o denuncias como “la delincuencia se le ha escapado de las manos al gobierno”, “alarmantes índices en la percepción de la delincuencia”, etc. Todos los noticiarios dedican casi la mitad de sus informativos a mostrarnos lo terrible que se ha tornado el problema y muchas veces pareciera sobrevenir el caos; el miedo a vivir permanentemente intranquilos. Mientras los partidos políticos de derecha son partidarios de meter a todos los delincuentes presos y pide penas más severas para los responsables, tanto de los que cometen actos criminales como de los que le roban la cartera a una señora indefensa o un tarro de leche en un supermercado, el gobierno parece haber aceptado la “evidencia” y ha determinado aumentar la dotación de carabineros y crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana, dentro de las 36 medidas que prometió durante su campaña.

Existe un obvio consenso entre la derecha y la Concertación sobre la necesidad de combatir la delincuencia por todos los medios. Incluso, y como suelen resolverse muchos problemas-país (la educación, la salud, la previsión, los recursos naturales), en los próximos meses entrarán en servicio nuevas cárceles construidas y administradas por intereses privados, como si éstos pudieran exhibir un currículum muy exitoso en la solución de los conflictos y los intereses sociales. La instalación de cámaras de vigilancia en Coyhaique, inauguradas pomposamente poco antes de las elecciones pero que aún no pueden entrar en servicio, es una buena muestra de cómo el inquietante asunto de la delincuencia se ha instalado también entre nosotros, en Aysén.

Por el contrario no existe, en ningún sector, una necesaria preocupación por encontrar las causas que generan o pueden explicar el fenómeno de la delincuencia en (¿todo?) Chile. Claramente a nos gustaría vivir sin amenazas de ningún tipo y por esta razón es que considero fundamental ir tras ellas, además de perfeccionar las leyes y de exigir un mejor trabajo de poder judicial. Aumentar la represión, disminuir la edad de la imputabilidad penal, restaurar la detención por sospecha y muchas otras medidas que se le piden al gobierno contribuyen más que nada a continuar saturando los precarios e impresentables recintos carcelarios (donde no hay posibilidades de rehabilitación para los detenidos), y a continuar elevando la cifra de un país con la mayor cantidad de presos por habitante del mundo. No puede ser que la mayoría de ellos sean principalmente jóvenes y provenientes de los sectores más pobres de nuestra sociedad ¿Hay gente que esté investigando la relación que existe entre la delincuencia y la pobreza?

De acuerdo a las cifras macroeconómicas supuestamente somos un país con una economía por la que hoy muchas autoridades se sienten orgullosas, pero si verdaderamente ha aumentado la delincuencia lo lógico sería inferir que también ha aumentado las causas que la provocan. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que el nuestro se encuentre entre los 10 países con peor distribución del planeta? ¿Será la calidad de la educación la que no anda bien? ¿Tendrá algo que ver que más de la mitad de las familias chilenas viva con menos de 200 mil pesos mensuales mientras muy pocas están en condiciones de invertir en el extranjero (o en represas)? ¿Alguien ha reparado en que las estrechas viviendas sociales en forma de trencitos entregadas por el gobierno, casi sin patios, en las que duermen 4 ó más personas por pieza, no generan niveles de inconformidad social? ¿El todavía difícil acceso a la salud?

¿Cuesta mucho reconocerlo, o realmente no tiene nada que ver?