HABLANDO DE CORRUPCION
Por: Carlos Pérez Alvarado

¿Cómo espera la clase política recuperar la confianza en sus representantes luego de los vergonzosos acontecimientos que están protagonizando? Ni siquiera la muerte de Pinochet logró evitar el tema de la corrupción y sus nuevos escándalos, muchas veces exagerados pero reales, que se vienen denunciando cada vez con mayor frecuencia. Hace demasiado tiempo que venimos escuchando de robos, coimas, desvío de fondos públicos, etc. Basta enumerar algunos pocos pero emblemáticos casos, como los que involucraron al Subsecretario Transportes Patricio Tombolini (que habría recibido 15 millones de pesos por poner una firma), o a los parlamentarios de la Concertación Cristián Pareto y Jaime Jiménez (que habrían pedido dinero por “garantizar” la autorización de una Planta de Revisión Técnica) y ahora Guido Girardi (que avaló el uso de facturas falsas para “cubrir” gastos de campaña ante el servicio Electoral), o que afectaron a instituciones del Estado como la Corfo (víctima tal vez cómplice de un robo por parte de la empresa Inverlink), el Ministerio de Obras Públicas (con varios casos, como Gescam, Ciade o Gates, ésta última empresa del cuñado del ex Presidente Lagos), a lo que se suma hoy Chiledeportes cuyas irregularidades se extienden por todo el país.

Es cierto y hasta comprensible que la derecha intente obtener ventajas de estos acontecimientos, exigiendo –por fin- una oportunidad para tomar el poder (cuanto antes mejor), y así terminar con estas perniciosas prácticas que socavan nuestra Democracia. Pero la derecha, para ser coherente con su discurso, debería desligarse de sus relaciones carnales que siempre ha mantenido con el poder económico y desde donde también surgen las platas para alimentar la ambición. No olvidemos que fue durante el gobierno militar, que ellos apoyaron o siguen apoyando, en el que muchos se enriquecieron gracias a las “visionarias transformaciones” en la economía que decretó Pinochet, que no fue más que la enajenación casi total de las empresas del Estado. Así, entre 1973 y 1990, a través de diferentes mecanismos articulados desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de ese entonces, 725 empresas quedaron en manos de privados, vendidas a precios que representaron miles de millones de dólares en pérdidas para el país y que fueron a parar a unos pocos privilegiados del régimen militar, incluso parientes o ex candidatos como Sebastián Piñera que se quedó con LAN Chile para transformarla en una empresa monopólica por muchos años y manteniendo precios por sobre el 40% de la industria (lo que no ha cambiado mucho hasta hoy).

Si la derecha no puede lucir buenos antecedentes en cuanto a corrupción, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias, lo contrario efectivamente tendría que demostrarlo en un futuro gobierno propio. La Concertación, en cambio, comienza a sentir el socavamiento que le significan estos sucesos rayanos en lo delictivo, desaprovechando una oportunidad que le ha confiado la ciudadanía por cuatro periodos presidenciales. No es justificación el argumento de que en Democracia la corrupción se investiga, al contrario de lo que ocurrió durante el régimen militar; de hecho la misma Concertación se ha opuesto a investigar los años anteriores a 1990 con acuerdos amparados en supuestas “razones de Estado” como el que suscribió Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el todavía Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y que paralizó las investigaciones por cheques al hijo del ex dictador, o del propio Congreso que se negó a investigar aquellas privatizaciones, por poner en tela de juicio las bases sobre las cuales se ha apoyado toda la economía en Democracia. No quiero creer que sea la Democracia la corrupta, pero es tiempo de comenzar a pensar en salvarla de su creciente y peligroso desprestigio.