OLOR A GAS
Por: Carlos Pérez Alvarado

Muchas repercusiones han tenido las dos medidas adoptadas por el gobierno argentino y que nos afectan directamente como país y como región. La primera dice relación con el aumento del precio del gas que esa nación le vende a Chile, en su mayor parte para uso industrial y una pequeña cantidad para consumo domiciliario a través de empresas de distribución privadas como Metrogas S.A. La segunda tiene que ver con la obligación que tendrán las estaciones de servicio situadas en las zonas fronterizas de cobrarle a los vehículos chilenos un precio similar al que pagamos acá en Chile por la bencina (el doble). Sin duda ambas iniciativas resultan ser bastante antipáticas, sin embargo muchas de las reacciones que escuchamos de algunas autoridades, políticos o empresarios, me parecen muy poco consistentes. Aparte de las opiniones de la gente que ha llamado al conocido y siempre populista e impracticable boicot de productos argentinos, o a responder con medidas similares, es decir, cobrándoles más por la comida, por los taxis o por la artesanía que compran los turistas (como si esto ya no ocurriera, no sólo con los argentinos), habría que tener en cuenta nuestros propios errores en cuestiones de relaciones comerciales y diplomáticas con nuestros vecinos.

Durante el gobierno de Eduardo Frei R-T, con el apoyo de toda la derecha y concertación, se firmaron los acuerdos del gas con Argentina, un pésimo negocio rubricado por los presidentes Frei y Menem, que no se sustentaba en el tiempo debido a que no estaban aún claras las reservas del recurso ni las políticas de inversión en esa industria, situación agravada posteriormente por la crisis institucional que vivió el país trasandino. El recién llegado presidente Kirchner decidió bajar el precio del gas domiciliario para alivianar la carga económica sobre las familias, lo que incrementó el consumo interno y perjudicó los envíos a Chile. Aunque casi nunca se dice, Argentina invoca ese mismo documento para priorizar el consumo interno en lugar de sus exportaciones (Art. 2do. del protocolo), así se estipuló y así se firmó.

Luego de nacionalizar sus hidrocarburos (algo inaudito en Chile), Bolivia se dio cuenta que el precio de comercialización de su gas era muy bajo y lo subió a un valor más real; de 1,8 a 5 dólares el MM de BTU, tanto a Argentina como otros países. Argentina que pasó de ser vendedor a comprador de gas natural, estaría traspasando el aumento del precio a nuestro país subiendo el valor hasta los 3,4 dólares el MM de BTU. Consideremos que Metrogas, que compraba a 2,2 dólares, vende el producto puesto a domicilio nada menos que en 24 dólares por lo que queda claro que continuar traspasando los aumentos hasta llegar a los consumidores en los hogares sería un verdadero descaro y por eso el gobierno llama a esa empresa a “absorber el alza”. Metrogas, dicho sea de paso, ha sido un reconocido financista de campañas políticas de ambos bandos hegemónicos de la política en Chile.

Entre otras soluciones “de parche”, durante el gobierno de Lagos se habló de traer gas natural licuado desde Indonesia y para ello se iban a construir tanques especiales en nuevos puertos, sin embargo aún sigue haciendo falta una verdadera política energética, que necesariamente pasa por una más efectiva integración con el resto de Latinoamérica, que no podría evitar ese ajuste en los precios, pero sí permitiría hacer conversable una idea tan impopular como aquella de subir la bencina en la frontera. Aquellos que rasgan vestiduras por el “doble discurso” de Kirchner sobre integración muy poco han hecho por acercar a nuestros pueblos, manteniéndonos alejados de acuerdos regionales como el Gasoducto del Sur (que llevará petróleo barato desde Venezuela a Brasil, Bolivia y Argentina), o que han privilegiando el orgullo patriotero en lugar de sentarse a conversar con Bolivia, por mutua conveniencia, la posibilidad real de obtener ese gas que nos hace falta.