¿A QUIÉN?
Por: Carlos Pérez Alvarado
(Colectivo Komité)

José Saramago, premio Nobel de literatura en 1998 de origen portugués, escéptico e intelectual con una postura sin partidismos políticos, se encontraba en Madrid el día 10 de mayo entre los invitados a un acto protocolar donde la Presidenta Michelle Bachelet se reunió con representantes del mundo del arte y de las letras españolas. El escritor le expresó a la Mandataria chilena: “Quiero pedirle una mirada hacia los Mapuches, hablo de su condición de Mapuches y de chilenos y de cómo los derechos de chilenos no los alcanza. Estos habitantes originarios, que han estado alejados de estos derechos, ahora se ven atacados por las multinacionales que vienen a quitarles sus tierras para construir industrias. Yo le pido que lo que le voy a decir no se lo diga a ninguna autoridad, pero hace un tiempo fui a Chile y mantuve una reunión clandestina con una Comunidad de Mapuches, y cuando salí de Chile, después me enteré que esos Mapuches habían sido detenidos y estaban en la cárcel”.

Nuestra Presidenta, en su reciente y primera gira por Europa, no sólo debió escuchar esta crítica del Nobel sino que, en otros actos, tuvo que enfrentar varias protestas en las calles de Viena que pedían la libertad de los 4 presos de esa etnia, los que estuvieron 63 días en huelga de hambre en protesta por los 10 años de cárcel que les impuso la aplicación de la Ley Antiterrorista, promulgada bajo el régimen de Pinochet, por incendiar 100 hectáreas de campos de la Forestal Mininco de propiedad del grupo Matte. No olvidemos que Matte es socio de Endesa a través de su empresa Colbún en los proyectos de las centrales hidroeléctricas en nuestra región. La respuesta del Gobierno allá y acá fue siempre la misma; “no se puede cambiar una sentencia judicial”. Para Bachelet “no es ése el rol del Gobierno, afortunadamente (!!), porque si el día de mañana hay un gobierno al que no le gusta una sentencia de la justicia y la cambia, entramos en problemas".

Estamos hablando de una Ley que en realidad no debería existir, una más de las que heredamos del régimen de Pinochet, como la de Amnistía, la Ley Reservada del Cobre, de las AFP, etc. y que favorecen directamente los intereses de las corporaciones y de los inversionistas extranjeros, pero que resultan en claro menoscabo de los derechos humanos, sociales, laborales, medioambientales, étnicos o culturales de sus ciudadanos. Y aunque Bachelet –ahora- expresa su compromiso de no volver a aplicar la ley antiterrorista, advierte que tampoco permitirá hechos ilegítimos de violencia. El problema es que no se vislumbran cambios. Hace unos años la construcción de Ralco se concretó mediante un acuerdo entre la española Endesa, el Estado chileno y el Gobierno de Eduardo Frei, no en vano la condecoración que se le dio a Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa de entonces, por su mediación en favor de la liberación de Pinochet en Londres. El caso Ralco provocó incluso que el relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, denunciara que en la Araucanía se habían violado los Derechos Humanos.

En la misma gira, que reunió a los gobernantes de Latinoamérica y Europa, Evo Morales comunica su firme decisión de nacionalizar los hidrocarburos y Hugo Chávez acusa de asesino genocida al asesino genocida de W. Bush. En cambio, la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, tras recibir el Premio Nueva Economía Forum 2006 en reconocimiento a su trayectoria y carisma de estadista, es aplaudida por Manuel Pizarro, actual presidente de Endesa, presente en el acto de premiación en Madrid, por su política económica y de cohesión social aplicada en Chile. Obviamente también estaban los ejecutivos de Repsol, Telefónica, Santander, BBVA y Aguas de Barcelona. Pizarro llegó a decir que Bachelet ha apostado por valores "en los que todos creemos" y que generar desarrollo y riqueza es imprescindible para crear empleo porque "el mejor derecho de los trabajadores es que tengan trabajo".

¿A quién le creerá (más) Sra. Presidenta; a Saramago o a las transnacionales y su vocero de Endesa?