¡GRACIAS PINGÜINAS/OS!
Por: Carlos Pérez Alvarado
(Colectivo Komité)

Como un globo que se infla y se infla hasta hacer inminente el reventón, uno nunca sabe en qué punto se producirá el orificio y uno nunca se imagina por donde pueden explotar los movimientos sociales que, en otras épocas, produjeron cambios reales en la sociedad. Aunque sea prematuro sacar conclusiones, la movilización de cientos de miles de estudiantes secundarios en todo el país bien puede representar un verdadero acontecimiento del que se podrán sacar muchas lecciones en el futuro mediato. Quizás si lo más espectacular sea precisamente el ámbito del cual surge, que por la edad de quienes lo componen han estado siempre fuera del debate de los grandes temas del país, discriminados en suma. El movimiento claramente ha descolocado al Gobierno y toda la sociedad chilena. Tanto así que sus asesores ni siquiera se preocuparon de agregar algunos párrafos más en el discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet relativos a cambios profundos y necesarios en la educación de enseñanza básica y secundaria (y universitaria). No estaba en la agenda ni en el programa de la Mandataria, cómo no lo estaba legislar por la eutanasia, la anterior “trascendental” polémica política por la que estuvo a punto de quebrarse la coalición gobernante.

Claro, la PSU podría ser perfectamente gratis pues el gasto que ello significa representa una mínima parte de los recursos que emplean las FF.AA. para comprar tanques, aviones o submarinos. Esto que parece simple demagogia es una realidad evidente que, impotente y resignado todo el país conoce. Entonces; ¿qué es lo impide que esa reivindicación en particular, como tantas otras, no se haya tomado en cuenta? Igual que la Ley Reservada del Cobre, que obliga a que el 10% de los ingresos de Codelco vayan a un presupuesto reservado de las FFAA., la Ley de Isapres o de AFP, la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza Nº 18.962 (LOCE) es ciertamente un legado del régimen de Pinochet, que durante las administraciones de la Concertación no han podido o querido ser derogadas o reformuladas. Como cierto es que enormes dificultades con los empresarios del transporte público va a tener la Presidenta si decreta que a partir de ahora los estudiantes viajarán gratis por sus lindos buses dobles articulados del Transantiago. Muy preocupados deben estar también aquellos que han lucrado con el sistema inventado, como expectantes deben estar aquellos para los que el tema se ha convertido en una verdadera complicación o estorbo, como a las Municipalidades

Los estudiantes están consiguiendo algo por lo que han protestado -por años- más de 100 mil profesores, miles de paradocentes, los padres y apoderados, y le están pasando factura al poder por los supuestos éxitos del modelo económico el que, a pesar del discurso, ha tenido fuertes e inocultables consecuencias negativas en los trabajadores, en los cesantes, en los pueblos indígenas, en el medio ambiente, etc. Los jóvenes estudiantes están dando un ejemplo a los ex revolucionarios de izquierdas y derechas, esos de la década de los 80, que en esos tiempos justificaban las movilizaciones y criticaban la represión pero que ahora la aplican para administrar ideas fracasadas como ésta, de fundamental importancia para nuestro desarrollo, y que hace un mes atrás parecía enquistada para siempre. Son los mismos que han desperfilado casi completamente el rol del Estado, incluso en importantes tareas como la supervisión de los contenidos y de infraestructura de los establecimientos.

Ahora es la ocasión para que la Presidenta Bachelet demuestre un liderazgo real al mando de Chile y su gente, que permita que aquello por lo que ella misma dice estar de acuerdo, finalmente se concrete. Así como los estudiantes han demostrado una original forma de protestar, ella no puede dejarse arrastrar por la tentación de la represión ni la criminalización del movimiento enfrentando con la fuerza a niñas/os que más bien debieran ser escoltados y protegidos por Carabineros de Chile en sus marchas. ¡Fuerza pingüinos/as! No permitan ser manipulados por los violentistas ni políticos oportunistas. Su movimiento debe seguir siendo autónomo y honesto, la sociedad está con Uds.

OTRA VEZ
Por: Carlos Pérez Alvarado
(Colectivo Komité)

En la sesión de la Cámara del pasado 17 de mayo el Diputado René Alinco Bustos, en la hora de incidentes, solicitó la reinstalación de la señal local de Televisión Nacional (TVN) en la XI Región. La iniciativa fue apoyada por sus colegas Patricio Walker y Pablo Galilea y se basa, según ellos, en la búsqueda de una solución para terminar con el aislamiento de los habitantes de Aysén, además de contar con un espacio de información local y “fortalecer la identidad regional”. Extraño. Recuerdo que recién asumido el ex Alcalde de Coyhaique Carlos Balbontín, acompañado del Senador Adolfo Zaldívar, también sostuvieron una conversación con los ejecutivos de ésa época y con el mismo propósito, obviamente sin resultados.

Existen dos grandes dificultades para que esta iniciativa pueda concretarse. En primer lugar una técnica; El canal regional tendría su centro de operaciones en Coyhaique y (hoy) no podría tener una cobertura más allá de esta capital y Puerto Aysén mediante un enlace de fibra óptica disponible y que llega a Chacabuco, además de un sistema de conmutación local que “bota” la señal emitida en Santiago para encadenarse con Coyhaique. Si la región contara con una red de fibra óptica que la cruce de norte a sur (más las troncales respectivas), sería factible que todas las estaciones repartidas por sus pueblos pudieran conectarse. Obviamente este servicio, prestado por una empresa de telecomunicaciones privada, no es gratis, ni tampoco barato. En segundo lugar la económica; Una primera etapa Coyhaique-Puerto Aysén-Chacabuco, con cerca de 70 mil habitantes, representa un mercado de consumidores muy pequeño, inferior a la de casi cualquier comuna de la Región Metropolitana. En Concepción, desde el Cerro Centinela, TVN cubre ciudades con más de 1 millón y medio de habitantes, un poco más que los que reciben la señal regional de Valparaíso y bastante más que la más pequeña, en Copiapó, que a su vez es más del doble que un hipotético servicio en Aysén.

Fue el gobierno de Patricio Aylwin el que cambió el estatus de TVN, una empresa creada en el periodo de Frei Montalva con recursos de todo el pueblo chileno. En 1992 se promulgó la Ley 19.132, que la consagró como una empresa autónoma del Estado obligándola a autofinanciarse, es decir a competir por la audiencia (rating) y evitar pérdidas financieras como las que –justamente- tuvo el año pasado, por 2.251 millones de pesos. Así funciona el sistema para los partidarios del modelo vigente, el mismo que aplauden los políticos oficialistas y algunos de oposición, como los mencionados al comienzo. Acá no estamos en Venezuela, donde el año 2000 se dictó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que consagra una figura legal para la radio y la televisión comunitaria de servicios públicos sin fines de lucro, a través de una fundación conformada por miembros de la comunidad y sus organizaciones. Cualquier persona puede tener un programa de radio o TV y tener acceso equitativo al medio, esto ha llevado a que el 70% de la programación sea de productores comunitarios independientes, con contenidos locales y que no se ven reflejados en los medios nacionales, igual que en Chile, por cierto. El apoyo del Estado también se traduce en dinero para equipos, infraestructura, capacitación, asesoría técnica, legal y reglamentaria. A fines de 2005 se habían concretado 172 iniciativas bajo esta modalidad. Sin embargo Venezuela y su Presidente Hugo Chávez (un payaso según nuestros criollos analistas televisivos), representan el “populismo” o las visiones “añejas” del modelo de sociedad y de economía para nuestros países. Lo escuchamos y lo vemos a diario en esos mismos medios, incluyendo TVN.

Para mí la idea venezolana, o alguna parecida y adaptada a nuestra realidad, sería muchísimo más útil y viable que intentar convencer a un canal que no desea ni puede perder plata, por unos mezquinos 30 minutos dentro de toda su programación centralista; además de constituirse en una desigual competencia para los poquísimos canales locales que sobreviven hoy a duras penas, trabajando con equipos obsoletos, con falencias técnicas y de profesionales debido a la falta de oportunidades de capacitación y de financiamiento en general. Ah, y no me hablen de “identidad regional”, por favor.

¿A QUIÉN?
Por: Carlos Pérez Alvarado
(Colectivo Komité)

José Saramago, premio Nobel de literatura en 1998 de origen portugués, escéptico e intelectual con una postura sin partidismos políticos, se encontraba en Madrid el día 10 de mayo entre los invitados a un acto protocolar donde la Presidenta Michelle Bachelet se reunió con representantes del mundo del arte y de las letras españolas. El escritor le expresó a la Mandataria chilena: “Quiero pedirle una mirada hacia los Mapuches, hablo de su condición de Mapuches y de chilenos y de cómo los derechos de chilenos no los alcanza. Estos habitantes originarios, que han estado alejados de estos derechos, ahora se ven atacados por las multinacionales que vienen a quitarles sus tierras para construir industrias. Yo le pido que lo que le voy a decir no se lo diga a ninguna autoridad, pero hace un tiempo fui a Chile y mantuve una reunión clandestina con una Comunidad de Mapuches, y cuando salí de Chile, después me enteré que esos Mapuches habían sido detenidos y estaban en la cárcel”.

Nuestra Presidenta, en su reciente y primera gira por Europa, no sólo debió escuchar esta crítica del Nobel sino que, en otros actos, tuvo que enfrentar varias protestas en las calles de Viena que pedían la libertad de los 4 presos de esa etnia, los que estuvieron 63 días en huelga de hambre en protesta por los 10 años de cárcel que les impuso la aplicación de la Ley Antiterrorista, promulgada bajo el régimen de Pinochet, por incendiar 100 hectáreas de campos de la Forestal Mininco de propiedad del grupo Matte. No olvidemos que Matte es socio de Endesa a través de su empresa Colbún en los proyectos de las centrales hidroeléctricas en nuestra región. La respuesta del Gobierno allá y acá fue siempre la misma; “no se puede cambiar una sentencia judicial”. Para Bachelet “no es ése el rol del Gobierno, afortunadamente (!!), porque si el día de mañana hay un gobierno al que no le gusta una sentencia de la justicia y la cambia, entramos en problemas".

Estamos hablando de una Ley que en realidad no debería existir, una más de las que heredamos del régimen de Pinochet, como la de Amnistía, la Ley Reservada del Cobre, de las AFP, etc. y que favorecen directamente los intereses de las corporaciones y de los inversionistas extranjeros, pero que resultan en claro menoscabo de los derechos humanos, sociales, laborales, medioambientales, étnicos o culturales de sus ciudadanos. Y aunque Bachelet –ahora- expresa su compromiso de no volver a aplicar la ley antiterrorista, advierte que tampoco permitirá hechos ilegítimos de violencia. El problema es que no se vislumbran cambios. Hace unos años la construcción de Ralco se concretó mediante un acuerdo entre la española Endesa, el Estado chileno y el Gobierno de Eduardo Frei, no en vano la condecoración que se le dio a Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa de entonces, por su mediación en favor de la liberación de Pinochet en Londres. El caso Ralco provocó incluso que el relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, denunciara que en la Araucanía se habían violado los Derechos Humanos.

En la misma gira, que reunió a los gobernantes de Latinoamérica y Europa, Evo Morales comunica su firme decisión de nacionalizar los hidrocarburos y Hugo Chávez acusa de asesino genocida al asesino genocida de W. Bush. En cambio, la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, tras recibir el Premio Nueva Economía Forum 2006 en reconocimiento a su trayectoria y carisma de estadista, es aplaudida por Manuel Pizarro, actual presidente de Endesa, presente en el acto de premiación en Madrid, por su política económica y de cohesión social aplicada en Chile. Obviamente también estaban los ejecutivos de Repsol, Telefónica, Santander, BBVA y Aguas de Barcelona. Pizarro llegó a decir que Bachelet ha apostado por valores "en los que todos creemos" y que generar desarrollo y riqueza es imprescindible para crear empleo porque "el mejor derecho de los trabajadores es que tengan trabajo".

¿A quién le creerá (más) Sra. Presidenta; a Saramago o a las transnacionales y su vocero de Endesa?

EL LÍDER
Por: Carlos Pérez Alvarado
(Colectivo Komité)

El 25 de agosto del año 2002, el diario estatal La Nación, cuyo prestigio durante el régimen militar estaba por los suelos, y mientras trataba de mejorar dicha imagen, por primera y única vez agotó su edición en los quioscos de muchas partes del país. Según algunos cálculos del mismo diario, casi un 80% de los ejemplares de su edición dominical había sido adquirido por el empresario Nicolás Ibáñez Scott, dueño de las cadenas de supermercados Líder, y protagonista de la portada de esa edición. Ibáñez, quien dirige la empresa D&S y generalmente es destacado en los medios como un hombre de éxito, le ordenó a un grupo de sus empleados salir a la calle a adquirir el periódico con el fin de evitar que el público pudiera enterarse de su “lado oscuro” o, al menos, de algunos puntos controversiales respecto a sus empresas; como obligar a sus trabajadores a leerse un libro donde están contenidos los principios y valores que deben guiar su desempeño; Ibáñez, de fuerte militancia católica y conservadora, seguidor y financista de Los Legionarios de Cristo, tiene prohibido que las mujeres de su personal vistan pantalones y que los hombres usen barba, aros o el pelo largo. De acuerdo a su sitio web, al 31 de diciembre de 2005 la Compañía contaba con más de 36.000 colaboradores y operaba con más de 80 locales Líder, más de 60 farmacias FarmaLider, 17 restaurantes Revive, 6 centros comerciales y cerca de 70 sucursales Presto a lo largo del país.

Aquel día lo relevante del reportaje era que se informaban los detalles de la causa judicial 397-2000, por una demanda interpuesta en contra del empresario, nada menos que por su esposa María Carolina Varela por maltrato físico y psicológico. De hecho la noticia se publicó sólo unos días después de ocurrida y por ningún otro diario. El resto la prensa la omitió, por “razones comerciales” según el entonces director de Chilevisión, por “motivos editoriales” en TVN. Se rumoreó que Ibáñez, (también) llamó a Pablo Piñera, director ejecutivo del canal semi-estatal, para amenazarlo con suspender su publicidad en esa estación, lo cual podría terminar en una debacle para el obligado autofinanciamiento del canal. Casualmente entre los directores de D&S, además de miembros de la familia Ibáñez, figura el DC René Cortázar, ex ministro de Trabajo y ex director ejecutivo de TVN. Sin necesidad de amenazas no debe haber tenido inconvenientes en convencer a su amigo Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, o a Álvaro Sahie de La Tercera, que controlan casi la totalidad de la prensa de Chile, para que la noticia no salga a la opinión pública. Ni siquiera el periodismo farandulero pudo hacerse cargo de esta “joyita” noticiosa, que pudo haberle subido bastante la audiencia a esos programas de dudosa utilidad. Nada de eso.

Para los medios de comunicación tradicionales; TV, radio y prensa escrita, todos sometidos a las reglas del mercado, la cadena Líder es uno de sus mayores financistas por conceptos de publicidad. La actitud de su dueño, además de constituirse en un atentado a la libertad de expresión, es una clara muestra de que en nuestro país existen personas de primera y segunda clase; mientras sus empleados deben mostrar un comportamiento acorde a los principios cristianos, él puede golpear a su esposa y acallar a los medios mediante presiones de tipo económica, o desesperadas como la que tuvo que adoptar en todos los quiscos que pudo. Por desgracia este tipo de prácticas se perpetúan gracias al modelo neoliberal implementado en nuestro país, en cuyo escenario, de cierta forma, los grandes intereses han “secuestrado” a los medios. Cada día resulta más difícil distinguir la verdad en las noticias y acumular información variada que nos permita obtener una opinión propia e independiente, ello lógicamente favorece a quienes han llegado a tener un poder más allá de lo conveniente. Y hay muchos más ejemplos.

SE ABREN LAS POSIBILIDADES
Por: Carlos Pérez Alvarado
(Colectivo Komité)

El día primero de mayo el presidente de Bolivia Evo Morales firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos en un acto realizado en un campo petrolero del interior. La decisión, que se cumplió ayer martes cuando los las FF.AA. tomaron el control en 56 instalaciones petrolíferas y dos refinerías distribuidas por el país, permitirá al Estado boliviano recuperar la propiedad y el control de esos recursos. El decreto de nacionalización establece la recuperación del 82% de la producción petrolera y otorga un plazo de 180 días para que las empresas petroleras extranjeras se adecuen a las nuevas reglas y poder así seguir operando en su territorio, en caso contrario se intervendrá sus instalaciones. Las empresas estarán obligadas a entregar toda su producción de gas y petróleo a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la que en forma prioritaria y a bajo precio lo comercializará dentro del mismo país; además de industrializarlo y exportar los excedentes. La nueva Ley de Hidrocarburos considera planes sociales directamente destinados a los indígenas de un país con los niveles más altos de inequidad del planeta, gracias a los cerca de 780 millones de dólares que el Estado va a recibir. Bolivia posee las segundas reservas de gas más grandes de Sudamérica (48,7 trillones de pies cúbicos), después de las de Venezuela (151 trillones)
En otros tiempos Morales no hubiera sido capaz de hacer esto. Hasta hace poco, si hubiesen sido empresas estadounidenses las afectadas por la medida, nada de raro que Bolivia hubiera sido invadida militarmente, usándose algún pretexto ad-hoc. La propiedad, de los yacimientos del país vecino estaba, en cambio, en poder de empresas como la española Repsol YPF, Petrobras de Brasil, British Petroleum (BP) de Gran Bretaña y de la Unión de Petroleras de Rusia (UPR), cuyos gobiernos ya no son capaces de intimidar a los países pobres de este lado del globo, como en siglos anteriores. El Gobierno socialista español se ha mostrado preocupadísimo, así como lo haría si alguien en Chile tocara a Endesa, a Telefónica, la banca, las aguas y cuantos intereses tienen aquí actualmente. A pesar de ello el presidente de Repsol YPF, a principios de marzo le manifestó a Morales su “firme decisión” de sentarse a renegociar su contrato tan pronto lo pida su gobierno y el interés de seguir participando en proyectos de explotación del gas natural. Las Comisión Europea lamentó que el Presidente Morales no le haya “consultado previamente”, Brasil y el gobierno de Lula Da Silva, junto a sus asesores, analizará el tema adelantando una defensa “intransigente” de los contratos, mientras Rusia y Gran Bretaña esperan no suspender los negocios con La Paz. A pesar de todo, no cabe duda que, descartado un acto de fuerza, Bolivia deberá enfrentar fuertes amenazas de boicot comercial, de paralización de la inversión extranjera, augurios de menor crecimiento, un supuesto reinado de la incertidumbre, la comprobación indefectible del caos y el desastre que va a significar la administración pública de esos recursos.
Pero, lo cierto es que Morales ha cumplido con su principal promesa como candidato a la presidencia, razón fundamental por la que ganó las elecciones y obtuvo el respaldo de su país para aplicarla. A lo largo de su historia y a pesar de su enorme riqueza, la explotación de sus recursos naturales siempre ha generado enormes ganancias para las empresas extranjeras y casi nada para sus habitantes. Creo que si Morales puede superar todos esos obstáculos, su medida será otra derrota para el modelo neoliberal que pretende imponerse globalmente. También será una buena oportunidad para demostrar que nada terrible va a suceder sobre su pueblo, si no todo lo contrario, y un estímulo para que, al menos lentamente, comencemos a considerar en Chile y en Aysén una iniciativa similar en la gran minería o las aguas.